ELA ha analizado la actuación del Gobierno de Lakua desde que obtuviera la transferencia de las prisiones de la CAV. Las conclusiones que apunta el sindicato son «la reducción de personal, el caos organizativo y el riesgo de privatización, entre otras carencias que se han agravado en los últimos meses».

El sindicato apunta a que «en un ejercicio de indefinición calculada, el Gobierno Vasco no ha dado a conocer aún cuál es su proyecto, y se limita a enmascarar la situación con una campaña de publicidad y autobombo que oculta deliberadamente numerosas carencias». En ese sentido, ELA ha remarcado que «se desconoce el plan de infraestructuras», que «la plantilla es muy deficitaria», falta de una aplicación informática propia y uniforme propio, ya que se sigue utilizando el del Estado y que se producen fallos en proveedores de productos básicos para el economato de la población interna.

«Hay falta de planificación en la reforma de las cocinas del centro de Araba, lo que ha traído consigo una situación intolerable, los internos han tenido que comer bocadillos durante una semana», ha remarcado.

ELA ha recordado que hace casi dos años presentó al Gobierno de Iñigo Urkullu un documento de trabajo para elaborar un modelo penitenciario «más humano, que integrara políticas educativas, sanitarias, laborales, de justicia y de igualdad, un modelo euskaldun y acorde a la idiosincrasia de nuestro país. Todo con un objetivo: la reinserción social de la persona penada».

Para ello el sindicato solicitaba «medios humanos y materiales adecuados, así como unas infraestructuras acordes a las necesidades, con centros de cumplimiento en régimen ordinario y centros de inserción social en régimen abierto en cada uno de los territorios históricos».

Temporalidad

El sindicato ha puesto sobre la mesa las «diferentes condiciones laborale»s en cuanto a jornada y retribuciones, así como la temporalidad. «Todo esto aboca a un caos organizativo absoluto, cubierto mediante el uso masivo de horas extras, la acumulación de turnos y el no disfrute de libranzas».

En ese sentido, ELA considera que «la gestión de la transferencia ha traído precariedad, desigualdad e inseguridad». Para el sindicato es «inadmisible» que «un avance parcial en el ámbito competencial haya supuesto semejante retroceso social y laboral por la nefasta gestión del Gobierno Vasco».

Además, Lakua ha convocado ayudas para empresas y fundaciones, «señal de que una serie de labores en el ámbito de la reinserción, realizadas hasta ahora por personal propio, podrán ser subcontratadas y llevadas a cabo por personal externo en un proceso de privatización y externalización, creando un nuevo nicho de precariedad». Por otro lado, considera «inconcebible la abdicación del Gobierno Vasco en política lingüística».