El histórico militante corso Charles Pieri, de 72 años, ha sido acusado este viernes en un tribunal de París de «asociación terrorista de malhechores», y encarcelado en la prisión de Fleury-Merogis, mientras otras siete personas han sido procesadas.

El activista del partido independentista Corsica Libera fue detenido el lunes junto a otros seis militantes de su partido y una octava persona en Corsica, como parte de una investigación judicial abierta en París sobre la amenaza de regreso a la lucha armada por parte del FLNC, y en particular sobre la grabación de un mensaje de hombres armados, en la comparecencia clandestina de dos facciones del FLNC en 2021. 

Junto a Pieri, su hijo Ghjuvan Battista Pieri, Ghjiseppu Maria Verdi, Matteo Giona, Lionel Giona, Jacques Mosconi y Nicolas Mattei, todos dirigentes o militantes de Corsica Libera también han sido imputados por «adquisición y tenencia no autorizada de armas de categoría B en relación con una empresa terrorista», así como por negarse a comunicar o implementar una clave de cifrado, según fuentes judiciales. Una séptima persona, Alexandre Michel, ha sido acusada de infringir la legislación sobre armas.

Todos ellos han quedado en libertad bajo control judicial.

Comunicado del FLNC

En un comunicado de prensa, enviado el 2 de setiembre de 2021 a ‘Corse-Matin’, el FLNC había amenazado con volver a la lucha armada en la isla si el Estado francés continuaba con «su política de desprecio hacia Corsica».

En un vídeo que acompañaba al texto firmado por el FLNC-Union des combatants (FLNC-UC) y el FLNC el 22 de octubre, aparecían medio centenar de hombres encapuchados, vestidos de negro y fuertemente armados.

El 1 de diciembre ya habían sido detenidas tres personas.

Dos de ellos, incluido Pierre Paoli, activista de Corsica Libera, fueron puestos en libertad tres días después, mientras que el tercero fue trasladado por orden judicial a París, donde fue acusado y detenido provisionalmente el miércoles, según la fuente judicial.

En total, por lo tanto, nueve personas han sido procesadas y dos encarceladas, incluido Charles Pieri.

Sulidarita, una asociación de defensa de los presos políticos, ha denunciado «expedientes totalmente vacíos».

«A través de estos métodos, el Estado francés busca amordazar la expresión política y presionar a los activistas y sus familias explotando todas las posibilidades que ofrece su legislación de emergencia», ha afirmado.