Miles de personas han tomado este lunes el aeropuerto de Arequipa, en el sur de Perú, lo que ha desatado un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad que se ha saldado con un muerto, según ha confirmado este lunes el presidente del Congreso, José Williams, que no ha facilitado más detalles del caso.

Se suman a la muerte de un menor de 15 años y un joven de 18 el domingo en la localidad de Andahuaylas, y en cuyo entierro la Policía ha vuelto a atacar con gases lacrimógenos este lunes al cortejo fúnebre, convertido en otra protesta contra el Congreso y la nueva presidenta, Dina Boluarte.

Una cuarta víctima mortal se ha confirmado en la provincia de Chincheros, en el departamento de Apurímac, epicentro del conflicto, donde los manifestantes han incendiado el local del Ministerio Público y la comisaría.

Unos 2.000 manifestantes contrarios al actual Gobierno han entrado en la pista principal del aeropuerto de Arequipa, mientras que se han registrado ataques contra otras instalaciones. En la zona se han desplegado efectivos de la Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas, que han recuperado el control de la instalación horas después.

Carreteras cortadas

Al menos 25 puntos de la red de carreteras peruanas, entre ellas las panamericanas Sur y Norte, han sido cortados por los manifestantes con la quema de ruedas y contenedores. El punto donde se han registrado protestas más numerosas es la localidad de Chala, en la propia región de Arequipa –una de las cunas de la minería peruana–, donde cerca de 4.000 personas participan en una protesta que ha sido de las primeras en comenzar en todo el país.

Las regiones del sur de Perú, donde el destituido presidente Pedro Castillo tiene más apoyo, suman la mayoría de los cortes de la red de carreteras, principalmente en los departamentos de Arequipa, donde los manifestantes también han tomado el aeropuerto internacional, y Cuzco.

En el norte del país, la Policía Nacional de Perú (PNP) solo ha registrado cortes de carreteras en la provincia costera de Trujillo, donde un centenar de pobladores de la región de Viru han cortado la Panamericana Norte en el kilómetros 503 y 512 para pedir la liberación de Castillo.

Los cuerpos policiales han contado al menos seis puntos cortados en Arequipa, los mismos que en Cuzco y dos más que en la costera provincia de Ica. Otras provincias del sur e interior del país como Puno, Abancay, Uyacali y Tacna también han sufrido cortes de carreteras por parte de los manifestantes. En total, la policía peruana cuenta que más de 6.000 manifestantes contra el gobierno de Dina Boluarte son los causantes de los cortes de carreteras que afectan a miles de conductores.

Medios locales también reportaron que se ha suspendido la venta de billetes de autobús en diversos puntos del país por precaución frente a los paros en carreteras, lo que ha dejado a pasajeros incomunicados.

Mensaje de Castillo

Castillo permanece detenido tras ser destituido el pasado miércoles por el Congreso, luego de dictar la disolución del Legislativo y anunciar que conformaría un Ejecutivo de emergencia, gobernaría por decreto, convocaría una asamblea constituyente y llevaría a cabo una reorganización del sistema judicial.

Castillo ha publicado este lunes una carta desde su centro de arresto, en la no renuncia a su Presidencia y  asegura que está «secuestrado» y tacha de «usurpadora» a Dina Boluarte.

Querido pueblo peruano grandioso y paciente: Yo, @PedroCastilloTe, el mismo que hace 16 meses me eligieron todos ustedes, para ejercer como presidente constitucional de la República. Les hablo en el trance más difícil de mi gobierno... (1/4)

— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 12, 2022

A última hora del día, el abogado de Castillo ha renunciado a su puesto por «discrepancias en cuanto al enfoque de la defensa» del exmandatario, concretamente por el enfoque político que, asegura, está dando el entorno del expresidente.

«Yo soy una defensa técnica, jurídica y no voy a entrar jamás en temas políticos ni justificar temas políticos, ese es el punto central», ha indicado Pérez en una entrevista a Canal N.

Posteriormente y en su cuenta de Twitter, ha afirmado que en las últimas horas él y el equipo de abogados que representa han sido «víctimas de ataques directos por parte del  circulo más cercano» a Castillo «que tampoco coinciden con nuestros principios y ética profesional».

Adelanto electoral

Arequipa es una de las tres regiones de «alta conflictividad» en las que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró el domingo el estado de emergencia, para contener una ola de protestas que ha dejado por el momento dos muertos. Boluarte también propuso un adelanto electoral, en abril de 2024.

«Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para abril del 2024», ha declarado la presidenta en un discurso a la nación con motivo de las manifestaciones violentas de este fin de semana que han dejado por el momento dos muertos y varias decenas de heridos.

Así, la mandataria peruana, que asumió el cargo al ser entonces la vicepresidenta tras la destitución de Pedro Castillo tal y como marca la Constitución del país, ha explicado que «en los próximos días» enviará al Congreso un proyecto de ley para que sea «consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento».

Boluarte ha señalado que la aprobación de esta ley implica reformas constitucionales, mientras que su gabinete «promoverá, asimismo, la concertación en el Congreso de la República de una ley de Reforma del Sistema Político».

«Invoco a todas las fuerzas políticas, de las regiones y provincias, a las autoridades, la sociedad civil y al pueblo peruano a participar en este proceso para que una ola de voluntad democrática y responsabilidad nacional nos guíe y oriente», ha agregado tras criticar la escalada de confrontación política.

Así, ha sostenido que estos enfrentamientos no son «saludables para el país, ni para la economía, ni para luchar contra la pobreza».

Estado de emergencia

La mandataria peruana, debido a la escalada de las tensiones en las protestas en su tierra natal, ha trasladado sus condolencias durante su mensaje a la nación.

«He dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Lamento el fallecimiento de nuestro compatriotas de Andahuaylas, Apurímac. Expreso mis sentidas condolencias a sus familiares», ha expresado.

Boluarte ha comunicado que su Ejecutivo ha declarado el estado de emergencia en tres regiones del país: Ica, Arequipa y Apurímac, donde en la jornada del domingo se ha notificado la muerte de un menor de 15 años y un joven de 18. El Ministerio de Salud también ha informado de que ha dispuesto medidas inmediatas de cara a una de las heridas, que ha recibido un perdigón en el ojo.

«Anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. He dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía», ha aseverado Boluarte, en un mensaje matinal que solo ha conseguido aumentar las protestas.

Apoyo de Colombia, México, Argentina y Bolivia a Castillo

En este contexto, los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia han expresado este «su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro», al que aún consideran presidente de Perú y que ven como «víctima de un antidemocrático hostigamiento».

En un comunicado conjunto publicado por la Cancillería colombiana, los cuatro países han asegurado que Castillo está siendo objeto de «objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio» y han pedido que se respete la voluntad ciudadana expresada en las urnas por el pueblo peruano.

«Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas», han añadido.

Además, han pedido a «quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio» y a las autoridades que «respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicia».