El Pleno del Senado español ha aprobado de manera definitiva la proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos por la que se deroga el delito de sedición y se modifica el de malversación para rebajar las penas, pero –tal y como ordenó el Tribunal Constitucional– sin las enmiendas que buscaban reformar el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que deben ser nombrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esta reforma del Código Penal ha salido adelante en la Cámara Alta con los 140 votos de la mayoría que suman PSOE, ERC, EH Bildu, PNV y Més per Mallorca, frente al rechazo de PP, Vox, Ciudadanos, UPN, Junts, PRC, Coalición Canaria, Teruel Existe, PAR y los dos parlamentarios expulsados de UPN (118 votos). Por su parte, los senadores de Más Madrid, Geroa Bai y Compromís han decidido abstenerse.

Los grupos que sustentan al Gobierno –Unidas Podemos no tiene representación en el Senado– también han rechazado los cinco vetos presentados a la proposición de ley y todas las enmiendas parciales, por lo que, al no introducirse ningún cambio derivado de la tramitación en la Cámara Alta, esta reforma del Código Penal ha quedado aprobado ya definitivamente a la espera de su publicación en el BOE.

El debate y votación ha tenido lugar después de que anoche el TC ratificara la decisión que adoptó el lunes de vetar la votación de las dos enmiendas incorporadas a la proposición de ley sobre la sedición y la malversación que buscan renovar el propio Constitucional. El tribunal desestimó el recurso de súplica que presentó el propio Senado para poder debatir y votar en su Pleno de este jueves la reforma íntegra propuesta.

Pese a estos cambios en el texto de la proposición de ley que venía del Congreso, forzados por la decisión del TC, la norma no tendrá que volver del Senado a la Cámara Baja para ser ratificada definitivamente, según informa Europa Press de fuentes parlamentarias.

En el transcurso del debate, PSOE y PP se han enzarzado en acusaciones mutuas de actuar por intereses espurios ajenos al interés general y en contra de la democracia.

Pero la mayoría parlamentaria se ha unido para criticar al PP, al que ha acusado de cercenar los derechos de los parlamentarios al acudir al TC para frenar la tramitación de las enmiendas que fueron introducidas en el Congreso para renovar el tribunal de garantías.