La colisión institucional provocada por el Tribunal Constitucional español el lunes al vetar la votación en el Senado de su propia renovación fue respondida por el Gobierno de Pedro Sánchez con el anuncio de una proposición de ley –aparentemente por una fórmula exprés– que recogerá las enmiendas saboteadas. A la espera de cómo se concrete este trámite, durante el día de ayer tanto ERC como EH Bildu anticiparon su disposición a apoyarla, como también lo ha hecho en las últimas horas el PNV.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, dejó claro que su grupo no será un obstáculo para que esta solución prospere. «Vemos bien todo lo que vaya en la vía de desbloquear esta situación cuanto antes. Todo lo que suponga una solución a esta crisis permanente a la que nos quiere someter el PP estará bien», declaró a una cadena de televisión.

EH Bildu ya apuntó el martes que urge una respuesta política rápida, contundente y conjunta al órdago lanzado por la derecha política y judicial contra la mayoría plurinacional emanada de las urnas.

ERC, crítica y apoyo

Durante la sesión de control al Gobierno de ayer en el Congreso, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, no evitó las críticas a la tibieza del Ejecutivo de Sánchez en esta cuestión, ni tampoco el recuerdo de que los boicots judiciales tienen muchos antecedentes en Catalunya.

Rufián adelantó el apoyo de su grupo a la iniciativa que presenten los partidos del Gobierno si ello sirve para «dignificar» el Poder Judicial y la democracia porque «antes que independentistas somos demócratas».

El portavoz de ERC denunció que antes de que el TC ordenara la paralización de las dos enmiendas que pretendían aprobar de forma urgente esa reforma, su partido ya advirtió al Gobierno de que los «siguientes» afectados por este «ataque judicial de la derecha» sería el propio Ejecutivo.

Y Gabriel Rufián cerró su alocución con un irónico «bienvenidos a la guerra judicial que se emprendió hace unos años en su democracia ejemplar contra según quién», e insistió en que su partido se quejó durante años «de la interpretación capciosa que se hacía del Código Penal».

Pocas concreciones

Durante el pleno del Congreso de ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo numerosos choques con la derecha, pero pocas concreciones sobre cuál sería la respuesta. A Gabriel Rufián le respondió que ese «¿ahora qué?» que le había planteado lo decidirán los grupos.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, añadió además que esperarán a ver lo que dicte el auto del TC antes de definir cualquier contenido de la ley. Según el texto que barajan fuentes del PSOE, iría en la línea de mantener las enmiendas a la reforma del Código Penal bloqueadas por el Tribunal Constitucional, es decir, por un lado, eliminar la mayoría de tres quintos a la hora de nombrar en el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), a los magistrados al Constitucional y, por otro, modificar el propio órgano de garantías eliminando el plácet, el examen de la idoneidad, a los nuevos magistrados y habilitando la opción de renovar por sextos y no por tercios.

Por el momento, desde el PSOE evitan concretar qué día van a presentar esta nueva proposición de ley en el Congreso y fuentes del Gobierno precisan que primero deben conocer los argumentos que esgrime el Constitucional para tumbar las enmiendas. Eso sí, avisan de que actuarán pronto y no esperarán sine die a que se haga público el auto del TC. A este respecto, otras fuentes parlamentarias señalan que será hoy mismo cuando se presente el texto.

Las mismas fuentes esperan que la próxima semana, que todavía es periodo ordinario, la Mesa del Congreso pueda calificar la proposición de ley, pero dan por hecho que se aplazarán al mes de enero las sesiones necesarias para debatirla y votarla. Para ello pedirán que se habilite el mes de enero, que a priori ya es periodo extraordinario, según fija la Constitución.

Posibilidad de enmiendas

La nueva formulación de la reforma como un proyecto de ley independiente, posibilita que incluso los grupos que lo apoyan puedan presentar enmiendas para introducir sus propios matices.

ERC avanzó ayer que podría optar por esta vía, según informó Europa Press, aunque sin poner en peligro su aprobación final.

Por otra parte, desde el PSOE descartan la posibilidad de una reforma más dura del Poder Judicial que rebaje las mayorías parlamentarias para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, aunque admiten que algunos de los grupos que previsiblemente apoyarán su iniciativa, entre ellos sus socios de coalición, Unidas Podemos, quieren que se haga. De momento, quieren ceñirse a lo pactado y a lo que aprobaron el pasado jueves en el Congreso.

El TC mantiene el veto a la votación

Tras más de tres horas de reunión y después de rechazar la tramitación de las recusaciones presentadas por la Fiscalía y UP contra el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narvaéz, con sus mandatos ya caducados, el pleno del Alto Tribunal desestimó el recurso de súplica del Senado y confirmó su veto a la votación en la Cámara Alta con los mismos votos con los que la adoptó: los 6 del bloque conservador frente a los 5 de la minoría progresista.

La Fiscalía pidió la retirada de los jueces «caducados» de la decisión, al observar una «incuestionable vinculación directa de los citados miembros del pleno con el objeto de tramitación parlamentaria». Consideró, «objetivamente incuestionable la incidencia automática de dicha norma en la situación personal/profesional de ambos».

La intención del Senado era llegar a tiempo para que en el pleno que se celebra hoy se pudiera debatir y votar la proposición de ley, con todas sus enmiendas, de modo que quedara aprobada definitivamente, después de que el Congreso de los Diputados la avalara la semana pasada.

En su recurso, el Senado aducía que la suspensión urgente fue una medida «extemporánea» porque, si tanta prisa corría se debía haber acordado la semana pasada, antes de que se aprobara en la Cámara Baja.

Subrayaba que el fallo del TC le ha afectado «directamente» cuando en realidad no es la sede legislativa que ha adoptado los acuerdos recurridos por el PP, por lo que entiende que tanto la Cámara como sus miembros «se hallan indefensos». Advertía, además, de que la paralización de la tramitación parlamentaria es «una actuación desproporcionada» que constituye «un precedente de impredecibles consecuencias».