Aprovechando la invitación al Sagardo Berriaren Eguna, la consejera de Desarrollo Económico y Sostenibilidad del Gobierno de Lakua, Arantxa Tapia, anunció desde Astigarraga que Alfredo de Miguel y Koldo Ochandiano, exburukides condenados por corrupción, han sido apartados de sus funciones en la Fundación Hazi y en el Parque Tecnológico de Araba. El despido se ejecutará cuando se notifique la sentencia del Tribunal Supremo. Tapia incidió en que ninguno de los dos acudió ayer a su puesto de trabajo, pese a que aún no se han hecho efectivos sus despidos, y que a los dos se les comunicó el martes la decisión de despedirlos y «están en sus casas». «Si tienen alguna tarea que finalizar, la finalizarán, pero no tiene ningún sentido ni encomendarles nuevas tareas ni nuevas actuaciones», concluyó la consejera.

La intervención gubernamental en un acto cuyos protagonistas eran otros, es todo un ejemplo de la forma en la que el PNV ha actuado en este caso de corrupción que llevará a la cárcel a cinco de sus altos cargos: presentar como noticioso y aplaudible lo que resulta obvio e inexcusable. No los ha despedido el Gobierno, ha sido el Tribunal Supremo el que los ha inhabilitado para ejercer un empleo público.

Y lo ha hecho, además, después de que apenas hace una semana se haya conocido que Alfredo de Miguel estaba ejerciendo labores de representación de Itsas Garapen Elkartea en un foro ministerial o en Galicia. El Departamento de Tapia y el PNV han insistido en que no podían despedirlo sin sentencia firme, pero lo podían haber tenido pegando sellos y, sin embargo, eligieron permitirle que siguiera promocionando internamente, duplicara su sueldo, e incluso concediera una entrevista por «buenas prácticas» a la Unión Europea.

Entrega del carné también en diferido y con cierta chulería

El PNV y sus adláteres han pretendido recrear la imagen de que sus órganos actuaron con severidad e inmediatez. Para empezar, habrá que recordar que Alfredo de Miguel no fue cesado como diputado de Administración Local de Araba, sino que dimitió el 18 de marzo de 2010 tras salir imputado del juzgado.

El entonces presidente del EBB, Iñigo Urkullu, esperó desde ese 18 de marzo hasta el 23 de julio, más de cuatro meses, para pedirles que entregaran el carné del partido, ¿Y por qué lo hizo? Porque «es obvio que hay un daño a la imagen del PNV», aunque «desde el respeto a las personas y a la presunción de inocencia que les corresponde, pero al mismo tiempo haciendo una apelación a que hay un código ético y (ojo) estético que cuidar».

Pues los De Miguel, Telleria y Ochandiano no le hicieron ni caso. Fue seis meses después, a finales de enero de 2011 y acercándose las elecciones municipales y forales, cuando Joseba Egibar le encargaron reunirse con ellos y consiguió que anunciaran que «voluntariamente renunciamos al ejercicio de los derechos y obligaciones que como afiliados nos pudieran corresponder, hasta que concluya el proceso judicial, depositando nuestros carnés en nuestras respectivas organizaciones municipales hasta que quede ratificada nuestra inocencia».

¿La sentencia relata unas actitudes y actos que nada tienen que ver con EAJ-PNV?

La frase recogida aquí entre interrogaciones figura en el comunicado que el lunes emitieron desde Sabin Etxea. Medios de su órbita insistieron ayer en la idea de que la resolución del Tribunal Supremo y la anterior de la Audiencia Provincial de Araba recogen que «esas personas son responsables únicamente de sus actos y que el partido no ha estado detrás» o también que «la formacion jeltzale no ha tenido ni arte ni parte en las mangonerías de Txitxo de Miguel».

El TS habla de una «asociación ilícita» organizada «para aprovechar las relaciones políticas y/o administrativas que mantuviesen en cada momento por su pertenencia al PNV».

En el repaso de las 344 páginas de la sentencia del TS, que incluye los hechos probados de la Audiencia Provincial, no parece figurar ninguna cita textual que refrende esas tajantes afirmaciones. Lo que sí puede leerse, bajo el epígrafe de «asociación ilícita» es que «los acusados, D. Alfredo de Miguel Aguirre, Aitor Telleria Lambarri y Koldo Ochandiano Gredilla, en el segundo trimestre de 2005, idearon la creación de una red societaria y personal organizada en torno a sí mismos para aprovechar las relaciones políticas y/o administrativas que mantuviesen en cada momento por su pertenencia al Partido Nacionalista Vasco».

Y en la «nota informativa» remitida el martes, el TS resumía el caso en que «los tres acusados, prevaliéndose de su capacidad de influencia polí tica como miembros de la ejecutiva alavesa del Partido Nacionalista Vasco y de su compañerismo político con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la administración autonómica y municipal, se concertaron para favorecer que determinados organismos de la administración adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión».

El extraño caso del director de Juventud de Lakua

La sentencia recoge actuaciones típicamente mafiosas, incluso desde el despacho de la Diputación Foral, con el fin de la obtención de un lucro. Pero llama la atención el caso de Javier Sánchez Robles, entonces director de Juventud y Acción Comunitaria del Departamento de Cultura del Gobierno de Lakua, al que le ha caído la segunda condena de cárcel más elevada, siete años y un mes, por amañar contratos públicos para las empresas de los tres principales condenados e influir también en los presidentes de cuadrillas alavesas del PNV con el mismo fin. Hombre familiarmente ligado al PNV y marido de la actual diputada jeltzale en Madrid Josune Gorospe, no consta que con ello obtuviera ningún enriquecimiento personal.

¿Arriesgó su carrera institucional y se puso al borde de ser encarcelado, multado e inhabilitado por mera amistad con Alfredo de Miguel y entre ambos matrimonios o había detrás algo que todavía permanece oculto? Pronto deberá entrar en prisión.

Quizá en ese punto desapercibido del caso, haya una llave para entenderlo mejor.