El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha referido este jueves a la sentencia del Tribunal Supremo español sobre el ‘caso De Miguel’, por el que han sido condenados tres exburukides y otras cuatro personas vinculadas al PNV que han ocupado puestos en la Administración.

«Hay una sentencia que dice que responsables políticos del PNV, firmaron un grupo y conspiraron para pactar contratos con administraciones que gestionaban a cambio de dinero», ha apuntado en los micrófonos de Euskadi Irratia, donde ha alertado de un modelo basado en el «amiguismo, en un régimen clientelar».

En este sentido, ha destacado que, además del ‘caso De Miguel’, durante los últimos años han copado titulares otras corruptelas denunciadas en Getaria o Alonsotegi, sin olvidar las irregularidades advertidas en la OPE de Osakidetza o la condena al exsenador del PNV Víctor Bravo.

También ha recordado la denuncia realizada por EH Bildu sobre las licitaciones del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte, dirigido por Iñaki Arriola (PSE), donde, «por segunda vez, cuando se hace una licitación aparece quien la va a ganar».

«Los vascos tenemos el derecho a vivir en una república formal y justa. Y para eso el compromiso debe ser que esto no puede ocurrir y que cuando ocurran se deben asumir responsabilidades», ha manifestado, recordado que PNV y PSE rechazaron la creación de una oficina independiente contra la corrupción.

Asimismo, ha respondido a las críticas de la formación jeltzale, y ha destacado que «el PNV se está desgastando solo».

«¿Si eso lo hiciera EH Bildu que ocurriría? La diferencia es que nosotros no tenemos esos casos porque somos militantes políticos, y militar significa ser honrado. Apreciamos nuestra palabra. Hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos», ha apuntado.

Reforma del delito de malversación

Por otro lado, Otegi se ha referido a la reforma del delito de malversación y la derogación de la sedición, subrayando que «estamos ante una cuestión política y no jurídica, que España no quiere entender».

«Un pueblo puso urnas para decidir su futuro, y eso es delito en España. Por supuesto, emplearon dinero público para ello. Pero, usar dinero público para dar voz al pueblo o para llenarse los bolsillos, ¿es lo mismo? Es un debate político, no jurídico. Aquí hay gente que ha sido castigada por dar voz al pueblo», ha aseverado.