La congresista peruana Flor Pablo ha solicitado formalmente la comparecencia del primer ministro, Alberto Otárola; del ministro del Interior, Vicente Romero, y de la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón, por el asalto de más de 400 policías que irrumpieron el sábado en el recinto universitario y detuvieron a más de 200 manifestantes.

«Lo ocurrido hoy (por ayer) en San Marcos es incceptable. Sin presencia de la Fiscalía, tratar a estudiantes, ciudadanos y defensores de los derechos humanos como delincuentes, tirados en el piso y golpeados es un abuso. Ministro del Interior y rectora de la UNMSM deben dar explicaciones", ha apuntado a la congresista peruana en un mensaje publicado en Twitter.

Por ello Pablo ha presentado una moción para que para que Otárola «rinda cuentas ante el Congreso» y un oficio solicitando a la Comisión de Educación que cite a la rectora de la UNMSM en la próxima sesión ordinaria.

Unos 400 policías antidisturbios apoyados por fuerzas especiales irrumpieron el sábado con tanquetas tumbando una de las puertas de acceso a la Universidad de San Marcos y detuvieron a más de 200 personas. Hubo disparos y lanzamiento de gas lacrimógeno pese a que no había resistencia, según testimonios recogidos por la prensa peruana.

En el lugar estaban alojadas desde el miércoles y con permiso para pasar una noche delegaciones de manifestantes llegados desde distintas partes de Perú para participar en la denominada Toma de Lima en el marco de las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, elegida tras la destitución de Pedro Castillo.

El Ministerio del Interior ha asegurado que la operación es la respuesta a una denuncia presentada por un representante de la universidad por la presencia de un grupo de 300 personas que entraron en el campus de forma ilegal y violenta y que agredieron a los trabajadores de seguridad y los expulsaron.

Fiscalización obligatoria

La legislación de Perú establece que en este tipo de operativos es obligatoria la presencia de funcionarios de la Fiscalía para evitar abusos contra los detenidos, pero los sospechosos fueron reducidos violentamente, esposados en el suelo y trasladados a dependencias policiales.

La Fiscalía ha informado del envío de fiscales a estas dependencias para legalizar los arrestos y ha confirmado la detención de al menos tres personas por delitos de «terrorismo».

Condenas

Dirigentes de la Federación Universitaria de San Marcos denunciaron que los policías entraron de manera ilegal en las residencias universitarias violando la autonomía universitaria, sin orden judicial ni la participación de fiscales. «Esto solo ocurría en tiempos del fujimorismo», han denunciado.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho un llamamiento a las autoridades peruanas para garantizar la «legalidad y proporcionalidad» de la intervención.

Mientras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su «preocupación» por la «incursión policial, desalojo y detenciones masivas» en la Universidad de San Marcos y ha instado a las autoridades a «rendir cuentas sobre los hechos y garantizar la integridad y debido proceso de todas las personas».

Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) han denunciado por su parte que los detenidos están siendo obligados a firmar actas de registro sin presencia de sus abogados ni representantes de la Fiscalía en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI).