El plan del Gobierno español para abrir un centro de atención a refugiados en Gasteiz ha puesto el foco mediático sobre la antigua Clínica Arana, cerrada desde hace una década. Las ventanas y las puertas de acceso están cubiertas con planchas metálicas, para enfado de los vecinos y vecinas, que llevan años reclamando su reapertura y su uso como centro asistencial para personas dependientes.

Este jueves decenas de personas, convocadas por Babestu y Zazpigarren Alaba, se han concentrado frente al edificio principal para exigir, una vez más, que la reconversión del antiguo geriátrico en una residencia con 50 plazas destinadas a personas con Alzheimer en grados 2 y 3. También solicitan la apertura de una Unidad Diurna con 40 plazas para enfermos de Alzheimer de grado 1.

«Las 5.000 personas con Alzheimer que hay Gasteiz merecen una atención especial y que este centro se haga», ha manifestado Guillermo Perea, quien ha recordado ante los presentes las recogidas de firmas y las consultas populares realizadas durante los últimos años. Se recogieron más de 10.000 firmas y se convocó una consulta popular hace cuatro años en ocho barrios de la ciudad.

Las petición de los vecinos y vecinas no obtuvo el apoyo de las instituciones locales, que insisten en que el edificio es propiedad del Estado español, que en 2009 lo puso a la venta por 7,6 millones de euros. Ninguna administración se interesó por el inmueble, pese a que vecinos y partidos han propuesto diversos proyectos.

Basta con recordar que en 2019 EH Bildu propuso una rehabilitación en profundidad del entorno para impulsar la iniciativa Arana Ekosistema, un proyecto para fomentar la innovación económica y social de Gasteiz. Y en 2021, durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, EH Bildu presentó una enmienda pidiendo la cesión del edificio al Ayuntamiento, a lo que Madrid se negó.

Edificios vacíos en manos del Estado español

Ahora el Gobierno español quiere instalar en el mismo un centro de atención a personas refugiadas, y los vecinos y vecinas lamentan que PNV y PSE hayan llevado el debate «por otro lado», recordando que el Estado cuenta con otros edificios vacíos en la capital alavesa.

El propio Perea ha citado algunos ejemplos, como son las viviendas anexas a la comisaría de la Policía española, en el barrio de Betoño, buena parte del edificio en el que se ubica la Subdelegación del Gobierno español, en la calle Olagibel, o las oficinas del Gobierno militar, en Los Herrán.

«Tienen sitios para hacer lo que tengan que hacer y ponerse de acuerdo de cuál es el modelo. Pero lo que no pueden hacer es cargarse este», ha manifestado Perea, que ha anunciado nuevas movilizaciones. El día 2 de febrero tendrá un encuentro en el Centro Amaia, y el 16 se concentrarán, a las 12.00, frente al Palacio foral. «Queremos una solución para las personas con Alzheimer», ha destacado.

Esta opinión es compartida por Marisa Díaz de Arkaia, que ha insistido en que seguirán hablando con los grupos políticos y con los sindicatos para lograr que la Clínica Arana sirva para acoger a personas dependientes. 

Acordar el modelo entre instituciones

El grupo de EH Bildu en las Juntas Generales de Araba, por su parte, ha presentado este jueves una moción en la que reclama que se acuerde entre las instituciones el modelo de atención a personas migradas y refugiadas y que se paralicen las obras del centro previsto en Arana, ya que considera que «un centro de atención a 350 personas no garantiza la atención cercana y descentralizada que reclaman las asociaciones que trabajan en el área».

«El objetivo es proporcionar una diversidad de recursos descentralizados y planificados a nivel territorial para impulsar procesos de atención e inclusión lo más cercanos posibles», ha señalado la procuradora de EH Bildu Eva Lopez de Arroyabe, que ha insistido en que se trata de «un gran reto que exige una colaboración interinstitucional y estrategias consensuadas en lugar del ruido y el enfrentamiento».

Desde el PP, Iñaki Oyarzábal ha echado mano del discurso enarbolado tiempo atrás por Javier Maroto, y ha aprovechado la polémica para hablar de un supuesto «efecto llamada», vinculando a las personas migrantes con ayudas sociales y hablando de «descontrol y fraude», sin aportar ningún dato.