El Consejo de Gobierno de Lakua manifestó ayer su rechazo a que el Parlamento inicie el debate de la proposición de ley formulada por EH Bildu para la creación de una Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu sostiene que «en el momento actual ya existe y está en vigor en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi un dispositivo jurídico e institucional vigente y activo para promover la integridad, impulsar la transparencia y prevenir y combatir la corrupción en las administraciones públicas vascas».

Cabe recordar que ese dispositivo jurídico e institucional actual, al que se refirió ayer el portavoz Bingen Zupiria, es el que estaba también «vigente y activo» cuando fue incapaz de atajar el conocido como caso de Miguel y, en concreto, que durante los años 2005 y 2008 Xabier Sánchez Robles, director de Juventud del Departamento de Cultura del Gobierno de Lakua, cometiera los «delitos continuados» de «prevaricación», «malversación de fondos», «falsedad de documento oficial» y «tráfico de influencias», así como otro, de «asociación ilícita», en favor de la trama de empresa de quienes entonces eran burukides del PNV.

El entramado

Según las explicaciones del Gobierno, «todas las administraciones públicas vascas cuentan con instrumentos internos de fiscalización y control económico y presupuestario: la Administración General cuenta con la Oficina de Control Económico (OCE)».

Pues bien, esa Oficina de Control Económica ya estaba funcionando en 2005 y 2008 cuando el director de juventud, Xabier Sánchez Robles, hizo una treintena de contratos delictivos con las empresas Errexal, Ortzi Muga y Kataia. Es más, al frente de esa Oficina de Control estaba entonces y sigue ahora la misma persona: Javier Losa Ziganda. Un hombre que mientras el PNV estuvo fuera de Gobierno durante la legislatura de Patxi López, formó parte del ABB durante un tiempo y hasta su vuelta a Lakua.

También estaban activos en aquel periodo el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, el Ararteko y la Agencia de Protección de Datos, que según Lakua debieron haber servido de escudo para «prevenir y combatir la corrupción», y a la vista está que no funcionaron.
La resolución negativa del Gobierno también hace mención a la Comisión de Ética Pública. Esta sí que no existía entre 2005 y 2008, pero se trata de un organismo que no es preventivo sino que actúa a posteriori. Su actividad y composición suscita dudas de imparcialidad entre los grupos de la oposición.

La única parte del «entremado» que ha funcionado en este caso, han sido «los órganos judiciales que integran la jurisdicción penal», y ello gracias a la denuncia de la víctima de uno de los casos de extorsión, Ainhoa Alberdi, a la que el resto de instituciones no solo no le ofrecieron ninguna protección, sino que le vetaron para los contratos públicos.

Criterio cambiante de Lakua

Esta no es la primera ocasión en la que EH Bildu propone la creación de esta Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción y el criterio del Ejecutivo ha sido cambiante. La primera vez fue en 2018. En aquella ocasión el Gobierno manifestó su criterio favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley. Aunque aconsejaba tener en cuenta una serie de consideraciones. Es llamativo que en aquella posición favorable ya se incluía la existencia de esa arquitectura institucional que ahora se presenta como núcleo del rechazo.

Entonces fueron las tres diputaciones las que acudieron a la Comisión Arbitral arguyendo que se invadían competencias forales. Esa intervención provocó que se paralizará la tramitación de la ley. Finalmente la cuestión se solucionó, el pleno de la Cámara aprobó la toma en consideración de la proposición de ley por amplia mayoría, pero se habían perdido varios meses, lo que hizo que cuando el lehendakari adelantó la disolución del Parlamento la ley decayera.

Al ver la maniobra de las diputaciones, EH Bildu afirmó que en realidad PNV y PSE no tenían voluntad de que se aprobara ese control externo  Por ello insistió en su propuesta en 2020. Y en esa ocasión las objeciones que no fueron impedimento dos años antes se volvieron en motivo de veto por parte del Gobierno de Lakua.

¿Qué había ocurrido entre una propuesta y otra? Pues que PNV y PSE habían conseguido sumar mayoría absoluta, mientras que en 2018 corrían el peligro de descolgarse de una propuesta anticorrupción que quizá la oposición hubiera podido sacar adelante. Por cierto, los partidos del gobierno prometieron una Ley de Transparencia que todavía sigue retrasándose.

En enero de este año EH Bildu ha vuelto ha registrar su propuesta, con algunos cambios técnicos y teniendo en cuenta la nueva situación que se ha dado en la CAV. Pero la coalición PNV-PSE sostiene que «la iniciativa no tiene en cuenta el entramado institucional» al que hace mención».

Además, Lakua asegura «no comparte el modelo de control que plantea, ya que reproduce la experiencia aplicada en el Estado con escasa eficacia, ya que tiene un sentido más represivo que preventivo. Ese modelo se fundamenta en la creación de nuevas estructuras organizativas y de coste público importante que en la regulación de una acción pública comprometida con los principios y valores de la transparencia y el buen gobierno».

Las bases de la oficina

EH Bildu propone «la creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Autónoma del País Vasco como entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia, que actuará con objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico y plena independencia orgánica y funcional de las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias».

La mencionada Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, según la proposición de ley, «se crea para la detección, prevención, investigación y erradicación de la corrupción y prácticas fraudulentas de la Administración general y las entidades locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de las sociedades y entidades participadas por estas»

Según el proyecto, «se crea para impulsar y favorecer una cultura de buenas prácticas, de valores cívicos y de buen gobierno en la ciudadanía, y para rechazar la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas o actuaciones administrativas».

Contradicción con lo dicho y con Nafarroa

Al conocer la decisión del Gobierno de Lakua, EH Bildu hizo pública una nota en la que denuncia que pone «una vez más de manifiesto que la lucha contra la corrupción no está entre las prioridades» del Ejecutivo de Urkullu, «a pesar de que el ‘Caso De Miguel’, sin ir más lejos, ha vuelto a poner sobre la mesa el déficit de medios para acabar con ese tipo de prácticas».

El parlamentario Josu Estarrona señaló que «a rebufo de la sentencia de ese caso todos los partidos, también PNV y PSE, han hecho declaraciones grandilocuentes en contra de la corrupción pero, cuando hay que pasar de las palabras a los hechos y tomar medidas, lo que demuestran PNV y PSE es que no quieren asumir compromisos de verdad». A lo que añadió que «si queremos vivir en un país decente, tenemos que disponer de mecanismos suficientes para que ni la corrupción ni las malas prácticas tengan sitio. Hacen falta herramientas para garantizar que en el futuro no haya más casos De Miguel». 

Además, EH Bildu llama la atención sobre el hecho de que ambos partidos que en la CAV la rechazan han avalado en Nafarroa la creación de esta misma Oficina Anticorrupción propuesta por su grupo. Y recuerda que «las instituciones que trabajan en ese ámbito denuncian de forma permanente la falta de medios para detectar e investigar la corrupción»