A primeros de este año trascendió que Alfredo De Miguel, condenado entonces a trece años de prisión por la Audiencia de Araba por delitos de corrupción, había estado realizando tareas de representación Itsas Garapen Elkartea manteniendo reuniones con el Ministerio, realizando viajes oficiales a Galicia y recogiendo premios. Incluso figuraba como «manager» en documentación de la Unión Europea.

Desde el Gobierno de Lakua, hasta la fecha se había negado que De Miguel ejerciera tareas de representación del Ejecutivo. Ante ello, el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona preguntó directamente a la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, si cuando Alfredo De Miguel «ha dado conferencias o cursos o al recibir algún premio, ¿en nombre de quién lo ha hecho? ¿En el suyo propio?».

La respuesta de Tapia ha sido, textualmente, que «el Sr. Alfredo cuando ha acudido a conferencias o cursos siempre ha acudido en nombre de Itsas Garapen Elkartea y NO en el suyo propio». Llama la atención ese «NO» en mayúsculas que se encuentra en el escrito oficial.

Aparentemente al menos, no hay diferencia entre «acudir en nombre» de una institución pública o ir en su representación. Por lo que la respuesta de Arantxa Tapia parece toda una rectificación sobre declaraciones anteriores.

Cabe recordar que, por ejemplo, el lehendakari Iñigo Urkullu, preguntado también sobre el tema, contestó al Parlamento el 31 de enero –la pasada semana– que «la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, del que depende la Fundación Hazi, donde el señor De Miguel era personal laboral, ya expuso, en sede parlamentaria, que las labores que llevaba a cabo en la Fundación eran las propias del personal técnico, sin responsabilidades de representación del Gobierno. En consecuencia, no procede ninguna otra opinión ni consideración».

Ascenso y despido en diferido

Mientras Alfredo De Miguel realizaba estas tareas, estaba condenado ya por varios delitos de corrupción por la Audiencia de Araba. El Tribunal Supremo español ha confirmado posteriormente una condena de 12 años y 4 meses de cárcel, además de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

A los días de conocerse el fallo del Tribunal Supremo, el 11 de enero, la consejera Arantxa Tapia anunció desde una sidrería de Astigarraga que Alfredo de Miguel y Koldo Ochandiano, exburukides condenados por corrupción, habían sido apartados de sus funciones en la Fundación Hazi y en el Parque Tecnológico de Araba. Aseguró que «ninguno de los dos acudió ayer a su puesto de trabajo, pese a que aún no se han hecho efectivos sus despidos», y que a los dos se les comunicó el martes la decisión de despedirlos y «están en sus casas». «Si tienen alguna tarea que finalizar, la finalizarán, pero no tiene ningún sentido ni encomendarles nuevas tareas ni nuevas actuaciones», concluyó la consejera.

Según las respuestas recibidas en el Parlamento, el puesto de trabajo consolidado de Alfredo De Miguel dentro de Hazi es «de categoría C, en el área de Coordinación con Agentes Locales».

Sin embargo, «desde 2015 sustituye de manera temporal a una persona en excedencia forzosa» y se añade que «de manera interina y mientras dure la excedencia forzosa indicada, ocupa un puesto de categoría B con un complemento de funciones hasta la categoría A».

Esto supone que, pese a haber estado detenido, investigado y finalmente condenado por corrupción, durante todo ese proceso Alfredo De Miguel ha ido ascendiendo dentro de la estructura pública y, consecuentemente, obteniendo subidas de sueldo.