Los servicios de emergencia que trabajan en Turquía en las zonas más devastadas por los terremotos ocurridos el 6 de febrero todavía pudieron rescatar ayer a varias personas atrapadas en los escombros de edificios destruidos, incluido un niño de 13 años que llevaba 182 horas sepultado y una mujer de 70 años que llevaba 178 horas en Antioquía, capital de la provincia de Hatay. También en la vecina región de Adiyaman fue localizada una niña de seis años que había pasado sepultada unas 178 horas.

Pero la esperanza de estos rescates se va apagando, a la vez que sigue aumentando el enfado hacia las autoridades. Hatice, una mujer de cincuenta años, lo personaliza en el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al que acusa de haber dejado abandonada esta provincia por motivos políticos.

«Ya se sabe que aquí la mayoría votamos a la oposición, y claro, como aquí no pueden rascar votos, pues no nos dan prioridad a la hora de enviar ayuda», se queja.

Otro vecino de Iskenderun, Mehmet, también achaca la falta de ayuda a motivos políticos y sectarios. «Aquí hay muchos alevíes, y ya sabemos que los suníes no tienen en estima a los alevíes», denuncia.

La magnitud del desastre extendido por unos 100.000 kilómetros cuadrados y a unos 10 millones de habitantes dificulta una intervención rápida, pero cunde también la sensación de que la primera preocupación del Gobierno ha sido limitar el daño a su propia imagen a cuatro meses para las elecciones.

El miércoles restringió al máximo el acceso a Twitter para evitar la difusión de opiniones desfavorables, a pesar de que era utilizado para informar sobre posibles supervivientes y otras alertas.

Pero la celebración de elecciones en mayo parece incierta. Erdogan no ha dicho nada, pero abundan las especulaciones sobre su aplazamiento, también en su propio partido, el AKP. La alianza opositora ha pospuesto el anuncio del nombre de su candidato, que debía haber presentado ayer.

La gestión de las consecuencias de la tragedia refuerza la crítica de la oposición, pero también puede ahondar en las diferencias en la coalición opositora, que ya tenía dificultades para elegir candidato.

Pasos cerrados y sanciones en Siria

El Consejo de Seguridad de la ONU analizó a puerta cerrada la situación en Siria para evaluar la posible apertura de más cruces fronterizos en el noroeste del país, controlado por fuerzas islamistas y yihadistas, con el fin de llevar ayuda humanitaria desde Turquía, país que tutela a estos grupos. Hasta ahora un único cruce da acceso a este área.

A la vez, el ministro sirio de Exteriores, Faisal al-Miqdad, insistió en un encuentro con el enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, en que la comunidad internacional debe levantar las sanciones contra Damasco y terminar con «todas las medidas coercitivas unilaterales impuestas a lo largo de la última década contra diferentes personas y entidades del país árabe». El Gobierno sirio denuncia que el envío de asistencia humanitaria se está viendo obstaculizado por las sanciones de EEUU, la UE y otros países.

Al-Miqdad también aseguró al enviado de la ONU que su Ejecutivo está preparado para enviar ayuda humanitaria a los afectados por la catástrofe «en todas las áreas sin discriminación», y aceptó la apertura durante tres meses de dos cruces fronterizos adicionales entre Turquía e Idleb, la provincia dominada por la exfilial de Al Qaeda.

Sorprendentemente, sí logró llegar por el cruce de Umm Jalud un convoy de 53 camiones con ayuda humanitaria enviada por las autoridades kurdosirias después de permanecer bloqueado durante casi una semana por las milicias aliadas de Turquía.