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García Luna, exsecretario mexicano de Seguridad, declarado culpable de narcotráfico en EEUU

El Tribunal Federal de Nueva York ha declarado culpable de narcotrafico al exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna. Podrían condenarlo a cadena perpetua. El juez dictará sentencia el 27 de junio.

Genaro García Luna ha sido declarado culpable de narcotrafico en EEUU.
Genaro García Luna ha sido declarado culpable de narcotrafico en EEUU. (NOTIMEX / dpa | Europa Press)

El exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna ha sido declarado este martes culpable de tráfico de drogas en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, en Estados Unidos, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua.

Tras la deliberación, los doce miembros del jurado lo han considerado culpable de todos los cargos por unanimidad, por lo que García Luna podría ser condenado a cadena perpetua.

Concretamente, García Luna, de 54 años, ha sido declarado culpable de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad; conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína; conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos, y conspiración para la importación de la misma cantidad o más.

El quinto delito es el de prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad. Así, el juez Brian Cogan ha anunciado que dictará sentencia el próximo 27 de junio a las 11 de la mañana.

García Luna trabajó en el cuerpo de inteligencia durante una década, encabezó la Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo objetivo principal era luchar contra el crimen organizado, durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006), y fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

Desde 2012 vive en Florida, desde donde, según mostró la Fiscalía durante el juicio, viaja habitualmente a México. Sin embargo, fue en Dallas (Texas, EEUU) donde lo detuvieron en 2019 y estuvo en prisión hasta el arranque del juicio el pasado 17 de enero, cuando comenzó la selección del jurado.

«Un hombre de familia»

Su defensa, con el abogado César de Castro a la cabeza, intentó sin éxito dibujar la imagen de García Luna como un hombre de familia que había forjado un pequeño capital (dos viviendas y dos restaurantes en México), gracias a su esfuerzo y al de su mujer, que fueron ganando capital gracias a la compraventa de viviendas.

Una impresión que la defensa apuntaló llamando a declarar como único testigo a la esposa, quien describió a una familia casi humilde, muy alejada del obsceno derroche de los narcotraficantes que se sentaron en la tarima de la sala para señalar al expolítico como uno de sus principales socios.

De Castro lo describió como «la cara de la guerra contra el narcotráfico» durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, una época que acabaría convirtiéndose en una de las más sangrientas de la historia de México, y en la que García Luna fungía como mano derecha del presidente.

La Defensa desplegada por De Castro insistió al jurado que la Fiscalía no había aportado las suficientes pruebas físicas como grabaciones, documentos, mensajes de textos o fotografía y que el testimonio de los exnarcotraficantes convocados por la Fiscalía no tenían credibilidad.

Para los abogados, todos eran «criminales que han mentido toda su vida» y que se presentaron o bien para conseguir reducciones de sentencias o bien para vengarse contra el supuesto responsable de sus detenciones.

Socio de los traficantes

Finalmente, la Fiscalía convenció al jurado de que el hombre más influyente del gabinete de Calderón llevaba una doble vida y de que al menos desde 2001 –según el narco Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, brazo derecho del capo Arturo Beltrán Leyva–, estaba a sueldo del cártel de Sinaloa, que le pagaba 1,5 millones mensuales. Una cantidad que fue creciendo a medida que el cártel se fue expandiendo y ganando poder.

Durante el proceso, El Grande, Jesús ‘El Rey’ Zambada y el también narcotraficante Óscar ‘El Lobo’ Nava Valencia, declararon haber pagado en persona o haber sido testigos directos del pago de sobornos a García Luna.

A sueldo del cártel, García Luna entregó información, nombró a responsables afines donde los cárteles se lo pidieron y ayudó a los narcotraficantes tanto a luchar contra bandas rivales, como a garantizar que la droga que recibían de Colombia y otros países latinoamericanos se movía de manera segura dentro de México en dirección a Estados Unidos y también a Europa.

Además, gracias al exsecretario de Seguridad, el cártel de Sinaloa controlaba aeropuertos, como el de Ciudad de México, puertos, carreteras, fronteras y ferrocarriles.

El actual Gobierno lo celebra

El Gobierno mexicano ha celebrado que García Luna haya sido declarado culpable.

«La justicia ha llegado para quien fuera escudero de Felipe Calderón (presidente entre 2006 y 2012). Los crímenes en contra de nuestro pueblo no serán olvidados nunca», ha dicho el portavoz de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, en su cuenta de Twitter.

 

Otra causa

Además de esta por la que ha sido declarado culpable, García Luna afronta en Miami una demanda civil por lavado de fondos «robados» con la que México pretende recuperar unos 700 millones de dólares.

Esa cifra es la mencionada por el Gobierno de México, pero en la demanda tan solo se dice que la cantidad a recuperar es superior a 250 millones de dólares, según una escala establecida.

La demanda interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano en 2021 ante los tribunales del condado de Miami-Dade incluye a la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, como «participante principal» de una «compleja» red que usó al menos 40 empresas y fideicomisos para sus propósitos.

Esta acción legal está oficialmente «inactiva» desde diciembre pasado debido a una apelación aún no resuelta y es independiente de la causa penal abierta en los tribunales federales de Nueva York.

En esta otra causa civil, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón está acusado de liderar una trama que «robó» fondos del Gobierno de México por medio de «contrataciones ilícitas» y luego «blanqueó esos fondos robados en Estados Unidos y otros lugares».