Los senadores franceses dieron, durante el debate nocturno, un golpe de acelerador a la reforma de las pensiones hasta el punto de aprobar seis puntos y plantarse, ayer, a las puertas de ese fatídico artículo 7 en el que se consagra el alargamiento en dos años de la edad de jubilación.

Un paso al frente del macronismo y la mayoría senatorial conservadora que coincidió con una sexta jornada de protesta y paros, que permitió a los sindicatos recargar la batería de la legitimidad con vistas a pasar a una etapa más ruda de la movilización.

Tras la banderola que abrió, a primera hora de la tarde el cortejo de París, al que se sumaron, según los organizadores, 700.000 personas, el «número uno» de la CFDT, Laurent Berger, no dudó en hablar de «una jornada histórica sin precedentes en los últimos cuarenta o cincuenta años».

Para esa hora habían discurrido ya dos centenares largos de marchas a lo largo y ancho del Hexágono que, una vez más, pusieron de manifiesto que, en las ciudades intermedias y en las zonas rurales, ha prendido con fuerza el malestar social generado por una reforma que los convocantes de la jornada de movilización volvieron a denunciar por «brutal e injusta». Los convocantes estimaron que la participación subió un 20% respecto a la del 31 de enero, cuando los organizadores dieron la cifra de 2,5 millones de personas a escala hexagonal. Ya por la noche la CGT aportaba la cifra de 3,4 millones de manifestantes.

En el caso de Baiona hay que remitirse más bien a la única marcha celebrada hasta la fecha en fin de semana, la del pasado 11 de febrero. Entonces, la intersindical contó en la capital labortana 25.000 manifestantes. La de ayer fue, en todo caso, la marcha en día laboral más populosa, con 23.000 personas en las calles, según los convocantes, y entre 10.000 y 12.000 según la cifra avanzada por la Policía al arranque de dicha movilización baionarra.

La intersindical estimaba así que el Gobierno francés «no puede permanecer sordo y mudo» ante semejante muestra de descontento popular con respecto a una reforma que, dicen las encuestas, rechaza el 70% de la ciudadanía.

Una realidad tozuda por más que el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, volviera a defender ayer ese proyecto y criticara a quienes hablan de «poner de rodillas» al Gobierno o de «echar el freno a la economía francesa».

«Los primeros penalizados por las huelgas son los ciudadanos más modestos», insistió, en la misma línea, la primera ministra gala, Élisabeth Borne, tras conocer las primeras acciones de bloqueo en refinerías, carreteras y centros de transporte en distintos puntos del Estado francés.

Una escalada a la que no hizo ascos el secretario general de la CGT, Philippe Martinez, que advirtió que si el Gobierno insiste en imponer su proyecto «solo estará echando más leña al fuego».

País a menos ritmo

Al igual que Berger, Philippe Martinez se congratuló de la respuesta a la jornada de huelga, y aunque los balances oficiales no devolvieron la foto de un país paralizado, sí mostraron a un país que bajó bastante el ritmo.

Según la agencia AFP, en la Administración pública uno de cada cuatro funcionarios secundó la huelga frente al 28% que dejó de trabajar en la primera jornada de movilización y paro del 19 de enero. En la compañía eléctrica EDF, donde se produjeron cortes que afectaron a algunas áreas industriales y comerciales, paró un 41,5% de la plantilla, algo más que el 31 de enero pero lejos del 44,5% que secundó la huelga del 19E. Hicieron huelga un 39% de los operarios de la SNCF (46,3% el 19 de enero).

Unos datos que confirman el brío de la dinámica social, aunque también alertan de la dificultad añadida de ir a una huelga prolongada en tiempos de alta inflación. A la espera de otras decisiones sobre la continuidad del movimiento, hoy, 8 de marzo, una nueva protesta recorrerá desde las 10.30 las calles de Baiona.