«Era la última ocasión que tenía, porque el presidente Pedro Castillo se sentía seguro de que (el Congreso) sí tenía los votos para vacarlo (destituirlo)», asegura Robles en una entrevista con EFE, en la que insiste en que no es cierta la ‘narrativa’ de que no existían los votos suficientes.

El letrado reconoce que el expresidente anunció el cierre del Congreso –razón por la que la orden dictada por el entonces mandatario es calificada como un intento de golpe de Estado–, pero consideró «preocupante» los 18 meses de prisión preventiva dictados en su contra.

Robles sostiene que su mensaje «carecía de cualquier efecto», porque no había sido aprobado en ningún Consejo de Ministros ni publicado en el diario oficial, la fórmula habitual para cualquier acto legal en el país andino.

«Era un acto ineficaz, carente de toda formalidad y de imposible ejecución», insiste su abogado.

Entonces, ¿por qué lo hizo? «Fue un acto político, un acto de reivindicación de cuestiones que le exigía la población».

«Condiciones opresivas»

Su abogado asegura que Castillo vive «en condiciones opresivas y de venganza» en el penal donde cumple prisión preventiva, un caso en el que la Justicia está «aplicando una consigna política» en alianza con el Congreso y la Fiscalía.

A Castillo le «niegan atención médica especializada» y «comunicación telefónica» en la cárcel de Barbadillo, donde también «sufre represalias» con las visitas cuando «aparecen» mensajes en su cuenta de Twitter.

Robles compara ese trato con el que recibe otro recluso del mismo penal, el expresidente Alberto Fujimori, quien, asegura, tiene teléfono y «una ambulancia a su disposición».

Sin embargo, el ex maestro de escuela rural que llegó a presidente del Perú ve pasar los días entre libros y una pequeña huerta que ha «reverdecido» con la siembra de «calabazas, papas y plantas de ají» y ha vuelto a usar el característico sombrero chotano, que abandonó durante su gestión y que tanta simpatía como rechazo causó en la campaña electoral.

Se encuentra «sereno» y «firme» porque «comprende que todo lo que se hace contra él es, en realidad, un escarmiento contra sus votantes».

Según Robles, fue por ellos por los que Castillo jugó su «última carta» cuando fracasó en su intento de disolver el Parlamento, establecer un ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto, convocar una asamblea constituyente y reorganizar el sistema de justicia.

Racismo y libertad de expresión

Amnistía Internacional (AI) denuncia que, al cumplirse cien días desde el inicio de las protestas antigubernamentales en Perú, continúa la «represión racista» de la cual responsabiliza a las autoridades del país andino, y exhorta a la Fiscalía a avanzar en las investigaciones para evitar la impunidad.

Ya en febrero, tras desplegar un equipo regional de respuesta a la crisis en el país, AI denunció la violencia letal y con sesgo racista empleada contra quienes protestan y recomendó a las autoridades un cambio de tácticas en la gestión de las manifestaciones, así como poner fin al uso de armas letales.

Paralelamente, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), denuncia  el «dramático empeoramiento» de la situación de la libertad de expresión en Perú, cuando más de 170 periodistas «han sido agredidos, hostigados, amenazados, golpeados y detenidos arbitrariamente».  

De los periodistas agredidos, contabilizados por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), alrededor del 60 % fue víctima de oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), a pesar de lo cual «no se han iniciado investigaciones contra ellos».