«A partir de este momento no hay cese al fuego con el Clan del Golfo. La fuerza pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa», ha explicado el presidente colombiano, Gustavo Petro, en un mensaje en su cuenta de Twitter, después de anunciar que se reactivaban «todas las operaciones militares» contra este grupo.

El ataque con fusil a la fuerza disponible de la policía por parte del clan del golfo rompe el cese al fuego.

A partir de este momento no hay cese al fuego con el clan del golfo. La fuerza pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 19, 2023

La razón esgrimida es un «ataque con fusil a la fuerza disponible de la policía por parte del Clan del Golfo», pero el Gobierno colombiano llevaba toda la semana culpando a este grupo, que nació tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de instigar el paro minero que se desarrolla en la zona del Bajo Cauca.

Este mismo domingo fueron incendiados al menos cuatro vehículos de carga y dos buses de transporte público, según informó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y a pesar de que el Gobierno afirmó a mediados de semana que ya había restablecido el control en la zona.

Los mineros protestan desde el 2 de marzo contra las operaciones del Ejército y la Policía contra la minería ilegal en la zona pero, según las autoridades, detrás de esa movilización está el Clan del Golfo, también llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que se lucra de la explotación de minerales en distintas partes del país.

El «falso paro minero», como lo calificó Gaviria, ha mantenido confinadas a más de 250.000 personas de 16 municipios del noroeste colombiano con escasez de alimentos y desabastecimiento de otros productos, incluso de gas, y ha sumido en el caos a las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste.

Ofensiva

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha explicado en una rueda de prensa con toda la cúpula militar que no tienen duda de que esos sabotajes han sido «cometidos por el Clan del Golfo y que en virtud de esta situación, en la que además una patrulla del Ejército que reaccionó fue atacada por fusil, ha tomado el Gobierno Nacional la decisión de suspender» el cese al fuego.

El Gobierno y el presidente han dado orden «a las fuerzas militares y a la Policía Nacional que desarrollen con toda su capacidad operaciones ofensivas contra el Clan del Golfo», insistiendo que este grupo está detrás de la situación en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba.

Para evitar nuevas quemas de vehículos, Velásquez ha «invitado» a los transportistas a que se sumen a «las caravanas para transportarse desde Medellín o Yarumal hacia el Bajo Cauca» porque «situaciones como las ocurridas el día de hoy en la que vehículos por fuera de caravanas fueron incendiados no pueden repetirse».

Por su parte, el general de las fuerzas militares, Helder Fernán Giraldo, ha alegado que «en todo el territorio nacional donde delinque este grupo armado se llevarán operaciones ofensivas para lograr neutralizar, desarticular, las operaciones de este grupo armado».

«Continuamos con nuestra disposición de paz»

Mientras tanto, el Clan del Golfo se ha apresurado a salir a desmentir en un comunicado que estén detrás de todas estas acciones que el Gobierno les adjudica y han culpado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a pesar de que justamente esta zona es una donde más control ejercen.

Además, lejos de anunciar un paro como el que desarrollaron cuando el anterior Gobierno de Iván Duque firmó la orden de extradición a EEUU de su excabecilla, Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, han reafirmado su voluntad de paz.

«Nosotros continuamos con nuestra disposición de paz, que nos permitimos a reiterar. Estamos dispuestos a dialogar con las instancias oficiales correspondientes para superar los impasses que se están presentando», ha alegado el Clan del Golfo, como respuesta.

El Gobierno, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), ha realizado contactos preliminares con este grupo, que está formado por unas 9.000 personas y tiene control en 14 departamentos, sobre todo el Pacífico y Caribe.

A diferencia del ELN o de las disidencias de las FARC, el Gobierno colombiano no quiere reconocerle estatus político a este grupo, dedicado sobre todo al narcotráfico y otras actividades ilícitas como la minería ilegal, y, en cambio, ofrecer un sometimiento a la justicia.

Sin embargo, aún no había ningún resultado concreto más allá de este cese al fuego bilateral que habían firmado y una petición a la Fiscalía para que se levanten de forma temporal las órdenes de captura nacionales e internacionales en territorio colombiano, que le permitiría a la cúpula de este grupo negociar, como ya se hizo con sus antecesores, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en una demanda que la Fiscalía ha rechazado.