Martxelo Diaz
Aktualitateko erredaktorea / redactor de actualidad

Canal Roya, destrozar un valle pirenaico con fondos europeos para desarrollo sostenible

Fondos europeos para turismo sostenible destinados a destrozar un valle pirenaico para unir con un telecabina estaciones de esquí. Es el plan que impulsa el Gobierno de Aragón en Canal Roya, que ha generado una gran contestación social y división en el propio Ejecutivo a semanas de las elecciones.

Canal Roya, entre los valles pirenaicos del Aragón y de Tena.
Canal Roya, entre los valles pirenaicos del Aragón y de Tena. (PLATAFORMA EN DEFENSA DE LAS MONTAÑAS DE ARAGÓN)

Unir dos estaciones de esquí con un telesilla que destruirá un paraje natural del Pirineo en un contexto en el que cada vez hay menos nieve y financiado con fondos europeos para el desarrollo sostenible. Este es el plan que el Gobierno de Aragón está manejando y que ha provocado una fuerte contestación social.

Canal Roya es un valle glaciar, situado a los pies del pico Anayet, que «desde hace décadas ha estado en el punto de mira de grupos inmobiliarios con la excusa de crear un gran espacio esquiable», destaca la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, que recuerda que cada proyecto «venía asociado a la construcción de apartamentos, que se verían revalorizados en el mercado a costa del valle y del dinero público» y denuncia que «presiones empresariales llevaron a sucesivos gobiernos a mantener congelada su protección».

El Gobierno de Aragón que preside Javier Lambán ha recuperado el proyecto de unión de las estaciones de esquí de Formigal, Astún y Candanchú a través de Canal Roya, enlazando los valles del Aragón y de Tena. La Plataforma denuncia que el Gobierno español asignó al proyecto 26 millones de euros sin un proyecto formal ni informe de impacto ambiental. Junto a ello, la Diputación de Huesca «ha maniobrado para hacerse con los fondos europeos destinados a turismo sostenible». A juicio de la plataforma, «esta operación entregará el dinero público a poderosos grupos y dejará sin financiación otros proyectos de turismo sostenible en Aragón».

Cabe recordar que en Aragón el lobby de la nieve está personificado en Aramón, una sociedad anónima participada al 50% por el Gobierno de Aragón e Ibercaja, que gestiona la mayoría de las estaciones de esquí del país. Concretamente, Cerler, Panticosa y Formigal en el Pirineo y Javalambre y Valdelinares en el Sistema Ibérico.

«Canal Roya es un espacio emblemático del Pirineo aragonés, paraje entrañable de montañeros y excursionistas, de extraordinario valor paisajístico. Corredor biológico con el vecino parque nacional y ubicación de los restos más primitivos de los habitantes neolíticos de Aragón. A la amenaza del cambio climático en nuestra montaña se suma ahora la de los grupos financieros implicados en la destrucción de este espacio para hacer negocio», añade la plataforma. En este sentido, hay que destacar que los efectos del cambio climático en el Pirineo apuntan a un notable descenso de las precipitaciones en forma de nieve, lo que pondría en cuestión la viabilidad de las propias estaciones de esquí.

37 pilonas para un telecabina

El proyecto de unión de estaciones prevé el anclaje de 37 pilonas de grandes dimensiones para sustentar el cable motriz de un sistema de transporte por telecabina, para cuya construcción, además se prevé la realización de voladuras y grandes movimientos de tierras.

Además, se construirá una carretera con sucesivas derivaciones para trasladas las torres y las grúas y realizando voladuras y grandes movimientos de tierras. Tras la construcción, esta carretera quedaría como vía de evacuación.

Junto a ello, se levantarán dos estaciones intermedias de entrada y salida de Astún y Formigal y al menos otra estación en el valle y se realizarán grandes movimientos de tierras y voladuras en la Rinconada, que es la zona del fondo del valle de mayor valor paisajístico y con notables restos megalíticos.

Desde la plataforma se alerta de que la asignación al proyecto de 25 millones de euros de fondos europeos contraviene las normas de la UE para adjudicarlos, ya que se exige actuar bajo el principio de no causar daño a la naturaleza, algo imposible por las características de la unión de estaciones. «Esto nos condenará a devolver el dinero por incumplir dichas normas», advierten.

Este aspecto está siendo exponiendo en la gira que los integrantes de la plataforma están llevando a cabo por las instituciones de la UE.

«Este proyecto condiciona para mal el futuro del turismo en la zona, retrasando su urgente adaptación al cambio climático. Sería además un despilfarro de dinero público de al menos 60 millones de euros para construir unas instalaciones inútiles por la progresiva disminución de la nieve, como así apuntan todos los estudios científicos», insiste alertando la plataforma.

En este sentido, recuerda que tradicionalmente los proyectos de ampliación de las estaciones de esquí aragonesas se han hecho para incentivar la venta masiva de apartamentos con destino a segunda residencia, muchos de ellos a compradores de Euskal Herria.

Se trata, en definitiva, de insistir en un modelo de turismo basado en la estacionalidad y la precariedad de los trabajadores que provoca el aumento de los precios de la vivienda en una zona afectada por la despoblación y que, además, provoca daños medioambientales.

Crisis en el Gobierno de Aragón

El proyecto de Canal Roya ha creado una importante crisis en el Gobierno de Aragón a escasas semanas de las elecciones autonómicas. El Ejecutivo que preside Javier Lambán está integrado por cuatro partidos, dos de los cuales apuestan sin fisuras por el plan (PSOE y PAR), mientras que los otros dos socios (Podemos y CHA) lo rechazan tras constatar que existe un clamor social, científico, deportivo y del empresariado local.

En este contexto, el director general de Medio Natural del Gobierno de Aragón, Diego Bayona (Podemos), dejó claro, según informa Arainfo, en una reunión con la plataforma que la declaración como espacio protegido de Canal Roya sigue en vigor, por lo que el proyecto no sería realizable.

Otro informe del Departamento de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, gestionado por la CHA, también ha alertado de que el proyecto va contra la legislación vigente ya que «no es de interés general para Aragón, tendría un impacto severo sobre el paisaje, no puede considerarse equilibrado desde el punto de vista territorial, incumple los Objetivos de Desarrollo Sostenible». Un tercer informe, de Transportes, también en manos de la CHA, incide en la misma dirección.

Haciendo caso omiso a los informes de su propio Gobierno, el sector desarrollista del Ejecutivo aragonés ha aprobado el lunes 20 de marzo la declaración de interés para el país el proyecto de unión de estaciones que destrozaría Canal Roya en un consejo extraordinario.

La consejera de Economía, Marta Gastón (PSOE), que curiosamente también es presidenta de Aramón, ha ninguneado los informes de su propio Gobierno. En la rueda de prensa no ha hecho siquiera referencia al de Medio Natural y ha calificado de «genéricos y subjetivos» los de Transportes y de Verteberación del Territorio.