Ana Urchueguia, de 71 años, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones populares, ejercidas por el propio Ayuntamiento de Lasarte-Oria y el exalcalde de EH Bildu Pablo Barrio, que pondrá fin al caso de los fondos que se enviaron desde el municipio a Somoto.

La histórica alcaldesa del PSE, que gobernó la localidad desde su escisión del municipio de Donostia hasta el estallido del escándalo, confiesa ante el tribunal que prevaricó en 81 expedientes sobre envíos de dinero a Somoto y que este dinero fue malversado en 39 ocasiones (lo que implica que los fondos acabaron en otra parte).

Lo que no reconoce Urchueguía, y que asoma como la clave para alcanzar acuerdo, es que ella se hubiera lucrado con ese dinero. La Fiscalía, por tanto, cesaría en la persecución de la exalcaldesa, exjuntera y exsenadora, por un presunto enriquecimiento ilícito con ese dinero que, año tras año, enviaba el ayuntamiento a la localidad nicaragüense de Somoto.

La consecuencia penal por estos delitos que ha confesado, por tanto, queda reducida a una inhabilitación para el cargo público por 19 años y el abono de una mera multa que asciende a 2.160 euros. En consecuencia, la exmandataria esquivará la cárcel.

La Audiencia de Gipuzkoa aún debería refrendar este acuerdo, pero sería harto inhabitual que no lo hiciera, en tanto que no se puede imponer más pena que la que las acusaciones solicitan.

Se da la circunstancia de que el caso por las ayudas que se enviaban desde Lasarte-Oria hacia Somoto avanzó de forma muy lenta. Las irregularidades que se detectaron en 2010 forzaron la caída en desgracia de Urcheguía y auparon a la Alcaldía a Pablo Barrio, que tomó la vara de mando como representante de EH Bildu.

En buena medida, el bloqueo del proceso judicial contra la exalcaldesa del PSE fue forzado por la falta de colaboración del Gobierno nicaragüense. La investigación quedó bloqueada durante años hasta que, en 2021, volvió a reabrirse.

El acuerdo es tajante en cuanto a que la exalcaldesa no se enriqueció con aquellos fondos que se entregaron al margen de la legalidad (prevaricación) y tampoco en aquellos 39 a los que expresamente ha reconocido que se dio un destino distinto al que se oficializó.

Tal exoneración contrasta con informaciones periodísticas que se dieron en su momento y que daban cuenta de operaciones de compraventa entre la exregidora y las ONG que fueron destinatarias de aquellos fondos de cooperación. De ahí que no el acuerdo no condone una pequeña pena de prisión, sino que el reproche penal queda finalmente en una inhabilitación que poco, o nada, afecta ya a la carrera profesional de una mujer que ya ha dejado atrás su paso por la política.

Barrio, que ejerce la acusación popular, asegura que la aceptación de estas confesiones «ha estado muy condicionada» por la actitud del Gobierno nicaragüense. «Las pruebas no están aquí, sino que están allá», asegura el exalcalde. Tal circunstancia requiere un esfuerzo mayor a la hora de acreditar algunas de las informaciones, por bien que sean veraces.

En este sentido, Barrio –que prefiere guardarse una valoración más amplia para cuando exista una sentencia firme– recuerda que cuando se interpuso la querella en 2015 se lanzó una acusación por dos delitos: prevaricación y malversación. En este sentido, la confesión de 23 páginas de Urchueguía implica la admisión de ambos delitos y corrobora el relato y la denuncia que él realizó, primero como alcalde y, después, ejerciendo la acusación particular.

PSE: «No ha habido apropiación de dinero público»

En relación a este caso, el PSE de Lasarte-Oria ha señalado que «no ha habido apropiación de dinero público». En un comunicado que ha hecho público, añade que «sin quitar importancia a la gravedad de los hechos enjuiciados, el PSE-EE de Lasarte-Oria quiere destacar que en el acuerdo se señala expresamente que Ana Urchueguía no se apropió de cantidades destinadas a las subvenciones y que tampoco las desviaciones de dinero público generaron daños o entorpecimientos graves al servicio al que estuvieran consignadas, ya que fueron empleadas en Somoto».

Tras expresar su «máximo respeto» al acuerdo alcanzado por la Fiscalía, la acusación particular y la defensa de Urchueguía, indica que «en todo momento» ha estado interesado en «esclarecer las posibles dudas existentes en relación a la cooperación que el Ayuntamiento de Lasarte-Oria mantuvo entre 2000 y 2008 con el pueblo de Somoto en Nicaragua».

«Por ese motivo, el gobierno socialista del Ayuntamiento contrató en 2010 una auditoría externa para su fiscalización» agrega, al tiempo que añade que también constituyó «una comisión de investigación donde se aprobaron unas conclusiones que reconocían haberse producido diversas irregulares administrativas durante dicha gestión».

Prosigue afirmando que «durante los cuatro años en los que el PSE-EE estuvo en la oposición, en todo momento instó al Gobierno municipal de Bildu, PNV y Plataforma Ciudadana a que interpusiera una demanda al respecto, algo que hicieron a escasos meses de las elecciones municipales de 2015».

Una decisión tras la que su postura «hasta el día de hoy» ha sido la de «no obstaculizar el procedimiento judicial en marcha para que en ningún momento se pudiera dudar» de la actuación del PSE «en todo el proceso».

«Por ese motivo, tras el acuerdo alcanzado entre todas las partes, desde el PSE-EE, damos por finalizado un antiguo litigio de 2008 y mantenemos nuestro compromiso de seguir dotando al Ayuntamiento de Lasarte-Oria de las herramientas suficientes para que este tipo de irregularidades no se vuelvan a producir», concluye el comunicado.

El PSE de Gipuzkoa ha activado el procedimiento para suspender de militancia a la exalcaldesa, según la agencia Efe.