La Audiencia Provincial de Araba ha decretado la suspensión de las penas impuestas a cinco de los condenados en el ‘Caso De Miguel’. Se trata de las condenas dictadas contra Ainhoa Bilbao, pareja del exdiputado de Administración Local y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel; Iratxe Gaztelu-Urrutia, cónyuge del exburukide Koldo Ochandiano; y los empresarios Jon Iñaki Echaburu, Josu Arruti y Sergio Fernández.

El tribunal recuerda que el Código Penal permite dejar en suspenso la ejecución de la penas privativas de libertad no superiores a 2 años cuando «sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos». Y establece una serie de condiciones, entre las que figuran que el condenado haya delinquido por primera vez, o que «se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieran originado».

En el caso de Bilbao, condenada a 1 año y 6 meses de prisión por participar en la trama de corrupción, el auto recoge que «concurren las condiciones exigidas para la suspensión ordinaria de la pena privativa de libertad. «Se está ante un delincuente primario y se considera que la ejecución de la pena no es necesaria para evitar la comisión de nuevo delitos», añade antes de advertir de que el Ministerio Fiscal se opone a la suspensión, «afirmando que no ha mostrado signo de arrepentimiento o colaboración para el esclarecimiento de los hechos».

«Sin embargo, desde que la sentencia ha sido declarada firme, la condenada ha abonado la responsabilidad civil y además ha satisfecho una de las multas que se le impuso, restando de pagar la otra multa», apunta, e incide en que «la señora Bilbao Lasa no tiene antecedentes penales y además es madre de dos menores de edad, siendo el caso que su esposo –Alfredo de Miguel– también está condenado en la misma causa».

En este sentido, afirma que «estas circunstancias personales deben ser valoradas para proceder a tomar una decisión en relación con la pena de prisión que se le ha impuesto, y la Sala, aplicando el criterio que suele ser habitual para casos similares, va a proceder a aplicar a la solicitante la suspensión del artículo 80.1 y 80.2 del Código Penal, suspendiendo la pena privativa de libertad».

Los magistrados emplean el mismo argumento en el caso de Gaztelu-Urrutia, condenada a 1 año y 6 meses de prisión. La pareja de Ochandiano tiene dos hijos menores de edad y «ha satisfecho la responsabilidad civil derivada de la causa». «En relación con las multas que faltan de pagar, no es impedimento la falta de pago de las mismas para la concesión en su caso de la suspensión solicitada», dicta el fallo, en el que se establece una suspensión por el plazo de tres años, igual que a Bilbao. También en este caso la Fiscalía se posicionaba en contra.

En cuanto a los empresarios, la Audiencia destaca que la Fiscalía no se ha opuesto a la suspensión de la pena dictada contra Echaburu, condenado a 5 meses de prisión, Arruti (9 meses de cárcel) y Fernández (1 año y 6 meses).

Estas penas son muy inferiores a la impuesta a De Miguel, condenado a 12 años y 4 meses por los delitos como asociación ilícita, cohecho pasivo, prevaricación y malversación, aunque que el máximo de tiempo efectivo en prisión será de 9 años. Ochandiano ha sido condenado a 7 años y 6 meses, y Aitor Telleria afronta una pena de 5 años. Los tres siguen en libertad.

Otro de los condenados, Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud en Lakua durante la etapa de Juan José Ibarretxe, entró el pasado 18 de mayo en la prisión de Zaballa para cumplir una pena de 7 años y 1 mes de cárcel.