Varios jóvenes ocuparon, el pasado 4 de mayo, un edificio vacío en el barrio baionarra de Saint-Esprit.

La pasada semana daban a conocer su proyecto, bautizado como Maurizia, y que insiste, por una parte, en poner el foco en el problema de la vivienda, y por otra, en la vocación de ofertar una propuesta socio-cultural en un barrio sito en la margen derecha del Aturri, que vivirá en los próximos años una importante transformación urbanística.

Precisamente, los jóvenes quisieron aprovechar ayer que el alcalde, Jean-René Etchegaray, acudió al barrio para participar en una reunión vecinal sobre ese proyecto de regeneración urbanística presentado recientemente, para hablar con él sobre la iniciativa de ocupación de un inmueble, propiedad de la asociación de gestión de bienes y terrenos de vocación pública EPLF.

Los jóvenes se quejaron de la falta de diálogo, aunque finalmente dos de ellos fueron autorizados por el alcalde a participar en la asamblea vecinal.

No obstante, los jóvenes han denunciado, a través del digital 'Mediabask', que se sienten traicionados, porque con fecha de 25 de mayo se les entregó una orden de abandono del edificio que, según se les ha señalado, se ejecutará si no salen del lugar para primeros de junio.

Ello daría al traste con los muchos proyectos de los gestores del espacio autogestionado Maurizia.

Los impulsores de esta iniciativa explicaron en su día que la amplitud del local les animó a pensar en un espacio que podría servir a otras asociaciones o colectivos de la capital labortana.

De hecho, se pudieron en contacto con organismos sociales como Atherbea, Fundación Abbe Pierre o Diakite, este último ligado a la solidaridad con los migrantes.

Proyectos camino de frustrarse

El grupo ha acondicionada ya el lugar en el que viven sus miembros y se habían dirigido a arquitectos para valorar su proyecto de rehabilitación de otros espacios.

Unas intenciones que pueden quedarse en eso si, como se les ha advertido ya, el propietario del inmueble fuerza esa expulsión de manera inminente.

Y ello pese a que los jóvenes plantearon una alternativa legal. De hecho, trasladaron sus planes, el 16 de mayo, tanto al Ayuntamiento de Baiona como a la Policía.

Los ocupantes propusieron que se aplique en su caso un modelo de contrato denominado de «alquiler de tipo intermedio» que permite «conciliar el interés de los propietarios de bienes no ocupados con los de colectivos que desean poner en marcha un proyecto temporal encuadrado en la ley».

No parece que EPLF vaya a apostar por una vía que tampoco encaja al Ayuntamiento, implicada como está la institución local en el ya citado proceso de creación de un nuevo barrio en la margen derecha del Aturri.