Habla desde la convicción de la experiencia y de los años de trabajo con adolescentes de muy diversos lugares y extracción social, en un ámbito, la justicia de menores, que considera una «fábrica de evitar futuros delincuentes» y un «modelo» para la «jurisdicción de adultos». Teniente fiscal y delegada de Menores y Cooperación Internacional en la Fiscalía de Gipuzkoa, Mercedes Bautista rechaza proyectar una «imagen desesperada o descorazonadora de nuestros jóvenes y del entorno que les ha tocado vivir». Prefiere lanzar una mirada más «optimista y educativa» sobre ellos, para que el joven abocado hoy a una medida de libertad vigilada «no se vea convertido en un delincuente mañana».

Bautista analizará esta realidad, junto a reconocidos profesionales del sector, en el curso de verano "Adolescencia y problemas de conducta: las personas menores ante la Justicia", que dirigirá en el Palacio Miramar de Donostia de la mano de la UPV/EHU, los próximos 19 y 20 de junio. «El objetivo del curso es dar a conocer la justicia juvenil. Una gran desconocida» a pesar de su importancia, no ya porque afecta a un sector muy concreto de la población «sino porque evita la formación de futuros delincuentes», explica en una entrevista concedida a Efe.

«Me encantaría -añade- que pudieran asistir médicos, políticos y personas con capacidad de decisión y de adoptar medidas», porque en la justicia de menores existen problemas «muy serios» como las drogas, la violencia filioparental, el "sexting", el uso de las nuevas tecnologías, las agresiones sexuales y el bullying detrás de los cuales, en muchas ocasiones, se oculta un problema de salud mental.

Un ámbito en el que, según desvela, existen centros públicos que prestan atención a los menores con problemas de este tipo tutelados por las instituciones, pero en el que hay «un vacío» para el resto de adolescentes con los mismos problemas pero que no están en una situación de «desamparo», porque continúan bajo la tutela de sus padres en una situación más o menos «normalizada».

Centros privados

«En sitios como Barcelona y Madrid hay centros privados para jóvenes con problemas de toxicomanía y de comportamiento alterado que los progenitores no pueden dominar», pero resultan «muy caros» y por lo tanto no son accesibles a todos los padres que, por otra parte, no quieren «ceder la guarda a una institución» para que se haga cargo de ellos, describe.

«Cada vez los problema de anorexia, de bulimia, depresión, ansiedad e intentos autolíticos o de suicidio son mayores entre los adolescentes» y además pueden darse «en cualquier familia», porque «la salud no la eliges y muchas veces te viene porque te viene», detalla la fiscal, para quien la apertura de centros públicos de salud mental que se encarguen de todos estos casos resulta ya «una necesidad» avalada también desde los «ámbitos sanitarios».

Explica en este sentido que, por ejemplo, en ocasiones la salud mental y emocional está relacionada con el bullying, «tanto con ser acosador como con ser víctima», y por lo tanto si se pudieran tratar «a tiempo» los problemas emocionales de los menores implicados se podrían evitar también conductas de este tipo.

Solución institucional

«Pero para ello, tenemos que tener centros y profesionales que atiendan esta realidad desde el ámbito público», insiste Bautista. «Es un problema que tenemos que atajar y darle una solución. Y la solución es institucional porque estamos hablando de los adultos del futuro», subraya con firmeza.

«Nos tenemos que preocupar por ellos porque son el futuro de la sociedad, las personas que van a dirigir y a gobernar nuestras vidas cuando seamos ancianos. Tenemos que mimarlos, aunque sea por egoísmo, para que no sean futuros delincuentes ni futuros enfermos», incide Bautista, quien advierte precavida que «de la enfermedad al delito hay un paso muy pequeño».