La patronal del transporte de Gipuzkoa Guitrans ha criticado a la Diputación por haber «convertido a los transportistas en recaudadores a través de los peajes» y ha pedido al próximo gobierno foral que articule «una interlocución real« con el sector.

El presidente de Guitrans, Javier Ortega, ha hecho estas declaraciones en la asamblea general de socios que la entidad ha celebrado este sábado en la Escuela de Ingenieros de la UPV-EHU en Donostia, donde se han analizado las medidas estructurales aprobadas en marzo de 2022 para, entre otras dificultades, afrontar el incremento de costes.

Según ha informado la asociación en un comunicado, Ortega ha reclamado a las instituciones «sensibilidad hacia los problemas del sector»» pues el trasporte de mercancías es «esencial» y «estratégico» para la actividad económica.

Ha criticado en concreto a la Diputación guipuzcoana por haber convertido a los transportistas, con la puesta en marcha de los últimos peajes, en «recaudadores», ya que «resulta absolutamente inevitable repercutirlos a los clientes para no arruinarse».

«Perplejidad»

El dirigente de la patronal del transporte ha reiterado su «perplejidad» por la decisión de la institución foral de no devolver los peajes abonados entre 2018 y 2021 pese a haber sido anulados por el Tribunal Supremo, lo cual ha derivado en las correspondientes reclamaciones judiciales.

Ortega ha destacado además «la necesidad de una interlocución real» con la institución en materia de infraestructuras, ya que durante el mandato de la jeltzale Aintzane Oiarbide, actual diputada en funciones, «no ha existido».

El responsable de Guitrans ha denunciado también que, «año y medio después de que se transfiriera la competencia para constituir las Juntas Arbitrales del Transporte a la Diputación de Gipuzkoa», esta «inexplicablemente» no lo haya hecho todavía, de manera que «las empresas no pueden acudir a ese órgano para presentar sus reclamaciones».

Ha destacado por otra parte las acciones desarrolladas para intentar mejorar el tráfico en la zona aduanera de Irun, «de una manera colaborativa y práctica» con «instituciones y agentes afectados», y ha confiado en que «con las decisiones y medidas adoptadas se pueda dar respuesta a un problema que afecta a todos los usuarios de Bidasoaldea».