Nadie hubiera pronosticado, al inicio del nuevo curso político, que el independentismo catalán tendría enfrente la oportunidad de desbloquear el conflicto con el Estado y poner nuevamente en la agenda el referéndum de autodeterminación.

No hace ni tres meses, en unas elecciones marcadas por la canícula y el hartazgo social, las tres fuerzas soberanistas (ERC, JxCat y la CUP) perdieron cerca de 700.000 votos, pagando así la falta de unidad y, en el caso de los republicanos, la incapacidad de sacar adelante contrapartidas importantes al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Más allá de unos indultos condicionados y el apoyo del PSC a las cuentas de Pere Aragonès, Catalunya sigue lastrada por la falta de inversiones, unas infraestructuras que registran incidencias cada día, y una recesión económica que, tras la pandemia, ha dejado al 30% de la población en riesgo de exclusión social.

También las limitaciones para acceder a los fondos Next Generation, los ataques de la judicatura al sistema de inmersión lingüística y el acuerdo que permitió al PSC, PP y Sumar arrebatar la Alcaldía de Barcelona a Xavier Trias, de JxCat, provocaron que el 23 de julio una parte importante del electorado independentista optara por la abstención activa, mostrando así su desencanto con las tres formaciones.

Pero, pese al descalabro electoral, el azar ha querido que los diputados independentistas sean hoy determinantes para que Pedro Sánchez pueda sacar adelante la investidura y garantizar la gobernabilidad del Estado. Una circunstancia inédita en etapas precedentes, la cual ha permitido a ERC y JxCat recuperar aliento y postularse como los actores que pueden obligar al futuro ejecutivo a aprobar una amnistía para las 4.000 personas afectadas en causas relativas al 1 de Octubre y pactar, con el beneplácito de la comunidad internacional, la celebración de un referéndum de autodeterminación en Catalunya.

Mismo fin, tonos dispares

Este escenario, imprevisto antes de verano, representa para los partidos soberanistas un auténtico balón de oxígeno, en particular para ERC, que ha salido de su atolladero para reivindicar la apuesta por la Mesa del diálogo. Así lo expresa en el manifiesto de la Diada, donde asegura que ese espacio ha servido para que Sánchez reconociera la existencia del conflicto político y, con ello, la necesidad de encauzar una solución democrática.

Un proceso que, para los republicanos, se está dirimiendo con la supresión del delito de sedición y otras medidas legales que han de conllevar la amnistía, y, en paralelo, con el proceso de diálogo que, tarde o temprano, pondrá a votación el acuerdo que salga entre ambas partes, en alusión a la autodeterminación.

Pese al descalabro electoral del 23J –ERC, JxCat y la CUP perdieron cerca de 700.000 votos–, la aritmética ha querido que los diputados independentistas sean hoy determinantes para que Sánchez pueda sacar adelante la investidura.

También la nueva aritmética en Madrid ha ayudado, según ERC, a que JxCat haya abandonado la retórica de la unilateralidad para asumir que la única salida al contencioso pasa por la negociación. Así lo afirmaba recientemente Oriol Junqueras, quien en aras de retomar la iniciativa, apelaba a la unidad del soberanismo para transitar este camino, a la vez que aplaudía que Carles Puigdemont se hubiese reunido con Yolanda Díaz el pasado día 5 en Bruselas. Un encuentro que, a criterio de ERC, muestra que JxCat rehúye finalmente la confrontación y admite, de forma más o menos explícita, que será inevitable sentarse con el Estado si quiere entablar el conflicto.

JxCat, por su parte, insiste en que la reunión de Puigdemont con Díaz no presupone ningún acercamiento para la investidura, sino que únicamente se trataba de fijar las líneas rojas previas para la negociación. Según Puidgemont, un hipotético apoyo de su partido a Sánchez no puede basarse en promesas que después no se materializan.

«JxCat solo apoyaría la investidura si el PSOE y Sumar reconocen la legitimidad democrática del independentismo; aprueban una amnistía para todos los encausados del 1 de Octubre y se comprometen a establecer un mecanismo de control y verificación de los acuerdos», apuntó Puigdemont, quien subrayó que «no buscamos un parche. Ha de ser un compromiso histórico como no ha ocurrido desde la caída de Barcelona en 1714 y el Decreto de Nueva Planta que abolió las instituciones catalanas».

Con el objetivo de marcar distancias con ERC, el manifiesto de la Diada de JxCat es contundente: «No renunciamos a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer nuestros derechos», para acabar diciendo que «solo un referéndum acordado con el Estado puede sustituir el 1-O».

Unidad y disensos

Aún con las diferencias sobre cómo encarar el diálogo con Madrid, el soberanismo llega al 11 de septiembre convencido que el nuevo escenario puede suponer un giro histórico para Catalunya. Y en esos términos también coincide la CUP, con el matiz que la «resolución vendrá activando la movilización y el conflicto desde la sociedad y las instituciones catalanas», pues según Carles Riera, su portavoz parlamentario, «no podemos confiar en la voluntad del Estado». En cualquier caso, pese al «escepticismo» de lo que pueda ocurrir, los anticapitalistas han querido sumarse a las llamadas a la unidad y trasladar la esperanza que, mediante la resistencia y la movilización, «se abrirán las grandes alamedas hacia la república catalana de justicia, libertad y solidaridad».

En este ambiente llega la Diada de hoy, que tras los actos convocados este fin de semanas en varias ciudades, volverá a tener Barcelona de gran epicentro. Primero, con las típicas ofrendas y parlamentos en qué participarán representantes del movimiento vasco, gallego, corso o saharaui, o el homenaje al joven independentista Gustau Muñoz, de quien hoy se cumplen 45 años de su asesinato a manos de la Policía. Y, ya a la tarde, a partir de las 17,14, la habitual marcha de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), la cual se desplegará en cuatro puntos, uno por cada eje de la causa catalana: Llengua, Sobirania, Llibertat y País; después, la manifestación de la izquierda independentista y, para terminar, la Festa Per la Llibertat, que nuevamente organiza Òmnium Cultural.

2025: una lista cívica para el embate

El 11 de septiembre del año pasado puso de relieve el rechazo de un importante sector del soberanismo a la vía abierta por el Gobierno de la Generalitat. «Ese rechazo comportó que buena parte del independentismo dejara de apoyarla», indica la Assemblea Nacional Catalana (ANC), aludiendo a la debacle que tuvieron los republicanos en los comicios del Congreso español, donde perdieron 400.000 votos y 6 de los 13 diputados a la Cámara Baja.

La ANC se ha ido conformando así como el principal detractor de la estrategia adoptada por ERC durante estos años y, en vistas a cualquier diálogo con el PSOE, no muestra reparos en ser bien clara: «Solo se puede asumir si pasa por el reconocimiento explícito que el referéndum de 2017 fue un acto de soberanía del pueblo catalán y, por tanto, ha de respetar aquello que decida el Parlament de Catalunya para hacer efectiva la independencia».

Con todo ello, la marcha de la Diada, a la cual asistirán dirigentes de los tres partidos soberanistas, pretende reforzar una posición en la que también se han agregado pequeños colectivos y la red que aún conforman los Comités de Defensa de la República (CDR). Un espacio que ha dado lugar al Pacto Nacional del Moviment Civil per la Independencia, en qué aparte de la Assemblea, se agrupan Òmnium Cultural, la Intersindical-CSC o el Consell de la República. De manera que, si la movilización vuelve a ser multitudinaria, añadiría presión sobre los partidos para que el diálogo con el PSOE no quede a medias tintas. Si no, la ANC ya ha puesto fecha y herramienta para no demorarla: «El 2025, cuando termine la legislatura, la Llista Cívica será el instrumento a desarrollar con el fin de lograr la mayoría parlamentaria si los partidos actuales no deciden levantar la DUI y hacer efectiva la independencia».