No negociamos nada, sólo aceptamos sugerencias», dijo altivo el mes pasado el presidente de Argentina, Javier Milei, tras impulsar su polémico decreto ley de 366 artículos y su proyecto ómnibus. Ambos están siendo tramitados en el Parlamento precisamente estos días.

«Uno de los elementos de ese paquete es la derogación de la Ley de Alquileres, aprobada en 2020 para encarar el problema del ascenso de los precios en plena crisis por la pandemia del covid-19. Pero la Casa Rosada, con su firma del «decretazo», se cargó toda la regulación, incluyendo la vigente desde el año 1921, como por ejemplo, el plazo mínimo de los contratos, incorporado al derecho comercial hace 103 años para evitar que los propietarios manejen a su antojo el mercado inmobiliario. Con la nueva medida, «el plazo de los contratos de alquiler será el que las partes hayan establecido» y, en caso de no quedar este punto aclarado, el plazo se reduce a dos años.

Hay más: el Gobierno ultra se ha cargado el Índice de Contratos de Locación y el Índice Casa Propia para actualizar los precios de los contratos: inquilino y casero podrán ponerse de acuerdo en el precio, otro beneficio para el arrendador.

Además, las rentas antes debían pagarse en pesos obligatoriamente, pero ahora los contratos se podrán hacer en euros o dólares. La variación de los aumentos podrá ser bimestral, trimestral o semestral, según se pacte. En síntesis: ahora rigen los principios en los contratos particulares que se dictan las propias partes. En cuestión de tiempo, moneda, modalidad, plazo, garantías, comodidades y penalidades, hay una libertad absoluta. Es decir, una ley de la selva como si fuera una relación de paridad simétrica la de propietarios e inquilinos.

Libertad presunta

Pero esta presunta libertad, concepto central del discurso de la ultraderecha de Javier Milei, tiene flecos vulnerables y no cuesta imaginar cuáles: la nueva normativa indica que el inquilino deberá pagar un 10% del valor restante en multa si rescinde el contrato, mientras que las mejoras de la vivienda pasarán a depender de la negociación entre las partes sin obligaciones previas (hasta ahora todo lo que fuera de paredes hacia dentro era obligación para el propietario).

Ya en 2023, el coste de alquilar un piso en Buenos Aires tuvo un incremento anual del 260% (dos veces y media más que en 2022), con una variación mensual del 18,6% en enero con respecto a diciembre, según el estudio realizado por el portal inmobiliario Zonaprop, un símil argentino de la web Idealista. La subida de los alquileres fue mucho mayor que la del IPC general (211%).

Números y realidad

Pero si bien la variación mensual roza el 20%, los números no son oficiales y los casos en la calle demuestran que, en algunos casos, los inquilinos padecen incrementos del 150% de un mes a otro. De hecho, la organización Inquilinos Agrupados ha denunciado públicamente que algunos contratos están sufriendo subidas «del 500%» y expresa su alarma por que ahora las actualizaciones pueden ser atadas a cualquier índice, público o privado, «o a lo que se le antoje a la agencia inmobiliaria». «El dueño de mi departamento (piso) me dijo que me daba un mes de aviso para que me vaya, argumentando que lo iba a vender. Pero a la semana me dijo que me tenía que ir en días y no tengo cómo defenderme», explica Natalia a GARA, una abogada de 26 años. «Por suerte encontré rápidamente otro lugar donde vivir, pero a un precio tres veces mayor del que pagaba, un monoambiente (estudio), y ahora voy a vivir ajustadísima», lamenta la joven.

Paulina, profesora de inglés de 40 años, comenta que pagaba en base al cambio del «dólar blue (paralelo)», que aumentó sideralmente desde la asunción de Milei. «Mi casera pensé que me iba a doblar el alquiler aprovechando la situación pero no, solo me subió el 50%. Me podré quedar donde vivo, pero cambiaré de barrio para hacer la compra más barata porque no puedo comprar con los precios vigentes donde vivo», añade.

No hay nadie en este país sudamericano que no tenga un familiar o un amigo que esté pasando por una situación crítica debido a esta desregulación radical. Sin embargo, de todo el paquete que estos días está negociándose en el Congreso, esta materia es de las que menos posibilidades tiene de ser subsanada. Tampoco estuvo entre las demandas principales de los sindicalistas que realizaron la huelga general el miércoles.

Una huelga convocada a toda velocidad tras menos de dos meses de gestión de Milei, y la primera que vive Argentina en los últimos años.

De ahí quizás su seguimiento desigual, que contrastó con la movilización popular, sobre todo en la capital, Buenos Aires. La motosierra ultra es de tal envergadura que muchas cuestiones sensibles están quedando por el camino. Por el momento, los tiempos van a favor de un ajuste draconiano.