La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante un juzgado de Azpeitia contra los responsables de la Gazte Asanblada de Zestoa por irrumpir en la iglesia de la localidad el pasado domingo 21 de enero e interrumpir la celebración de la misa.

La organización de juristas considera que los jóvenes que accedieron a la iglesia podrían haber incurrido en los delitos de «interrupción de culto, profanación, incitación al odio y manifestación ilícita».

El conflicto entre estos jóvenes y la diócesis de Donostia se remonta a principios de año, cuando este grupo ocupó la denominada casa Elizondo, que pertenece a la iglesia parroquial de Zestoa, donde reivindicó un gaztetxe.

La diócesis inició entonces un procedimiento judicial que ha llevado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Azpeitia a ordenar el «inmediato desalojo» del inmueble. Tras ello, la Gazte Asanblada denunció una «campaña de criminalización» por parte del Obispado de Donostia, partidos políticos y medios de comunicación, tras hacerse pública la ocupación del edificio Elizondo.

Al mismo tiempo, los jóvenes defendieron que la entrada en la iglesia fue una acción de protesta contra el desalojo, pero no iba contra la comunidad cristiana del pueblo ni contra los fieles de ninguna religión, ya que aceptan la libertad religiosa.

«Coacciones»

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha precisado en un comunicado que en total fueron siete las personas que irrumpieron en la parroquia con los rostros ocultos tras caretas blancas y vestidas con buzos, tras lo cual desplegaron una pancarta en la que acusaban a la Iglesia de «avariciosa y especuladora», al tiempo que reivindicaban la suspensión del proceso judicial que pesa sobre el gaztetxe del municipio.

«Los intrusos llegaron hasta el altar y a su paso entre los bancos arrojaron billetes de euros falsos», asegura esta asociación, que no descarta que los responsables hayan podido incurrir además en un delito de «coacciones».

La organización de juristas asegura en su escrito al juez que «en modo alguno se pueden justificar unos ataques de esta magnitud, que rompen el Estado de Derecho y la convivencia pacífica entre los ciudadanos».

Asegura además que «no se trata de un hecho aislado» y acusa a la misma asociación juvenil de haber protagonizado en las últimas semanas «ataques a iglesias», que han amanecido con «candados en las puertas, silicona en las cerraduras, y pintadas y pasquines con los que se acosaba y señalaba a la comunidad cristiana».

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha asegurado que «ninguna protesta puede justificar estas acciones que atacan directamente al derecho fundamental a la libertad religiosa. Llegaremos hasta el final para evitar que estos hechos queden impunes», advierte.