
El racismo estructural y la aparición de nuevas formas de vulneración de derechos han sido denunciados por SOS Racismo en el Parlamento de Nafarroa durante una sesión de trabajo de la Comisión de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias a petición de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin para que presentaran su informe anual sobre el racismo en el herrialde.
De esa presentación se ha encargado una representación de esta entidad conformada por Aleyda Gaspar, Flavia Navarrete y Beatriz Villaizan.
Según ha indicado Gaspar, el informe constata la «existencia y permanencia de un racismo estructural» e institucionalizado en forma de leyes como la Ley de Extranjería y normativas que «obvian la existencia de diversas categorías de ciudadanía existentes» o se usan para discriminar directamente a las personas.
Las entidades públicas como agente discriminador
Esto, ha referido, se muestra en que en un 68% de los casos denunciados en su entidad el agente discriminador era una entidad pública, siendo las dificultades en el acceso a la protección social el problema más repetido. Se sitúa como el segundo agente discriminador las actuaciones policiales mediante prácticas como ‘citas trampa’, violencia policial o controles por perfil étnico, ha añadido.
«Es desalentador comprobar cómo los capítulos de vulneraciones y propuestas van aumentando en contenido cada año», ya que «las vulneraciones no son reparadas y a estas se van añadiendo otras nuevas y de reciente detección», ha lamentado Gaspar, constatando una «tendencia hacia la cronificación y agravamiento en el discurso de odio en espacios públicos e institucionales».
El racismo, ha denunciado, es «la base de todas las políticas sociales», ya que «sigue sin incorporarse la perspectiva antirracista». Ha criticado también la aprobación de un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea que «perpetúa la criminalización y el desmantelamiento del derecho a migrar y el aval al actual modelo de desarrollo europeo basado en el expolio del sur global».
Según ha referido Navarrete, se observa una «falta de coordinación y criterios comunes» en los servicios sociales, dificultad en el acceso al empadronamiento, suspensión de la renta garantizada, denegación de servicios esenciales de base y unidades de barrio por carecer de empadronamiento y desprotección de menores migrados.
También ha criticado la falta de servicios de interpretación y traducción, la existencia de discriminación en el reconocimiento de la discapacidad y la dependencia o dificultades para acceder a ayudas al alquiler de vivienda, falta de recursos de asesoramiento para trámites de extranjería y un agravamiento de la brecha digital.
En el ámbito privado
En el ámbito privado, ha señalado una vez más las denegaciones en la aperturas de cuentas bancarias y malas prácticas bancarias constituyendo esto una vulneración de derechos en sí y dificultando además el acceso a multitud de prestaciones.
Ha reprobado también la mención en medios de comunicación del origen nacional, racialización y situación jurídica de personas que han cometido un delito, detenidas o investigadas, la existencia de artículos de opinión con lenguaje racista y discursos de odio emitidos por representantes públicos.
De igual modo, ha puesto en evidencia el «aumento de actitudes de racismo y xenofobia en contextos vecinales y vía pública», especialmente dirigidos a jóvenes racializados en situación de calle.
Ante esta situación, Villaizan ha pedido el «cese de los controles policiales de identidad basados en el perfil étnico» y de las ‘citas trampa’, así como la «no colaboración de los cuerpos policiales en procedimientos de expulsión o devolución de ciudadanos».
También ha instado a que se incorpore la perspectiva antirracista a la hora de elaborar leyes y que se vigile el cumplimiento de las existentes y ha advertido del peligro de reducir el racismo a lo social desvinculándolo del origen, porque «hay grandes áreas de vulneración de derechos que no se denuncia», sobre todo porque «la denuncia no repara, no protege y en muchos casos revictimiza».

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