El sacerdote Marcelo Pérez Pérez sabía que en algún momento podían matarle. Lo advirtió en varias ocasiones y hasta pidió protección, aunque no se fiaba de los policías que, en teoría, debían cuidarle.

Durante años, su figura fue referente en la denuncia de la violencia que ahoga Chiapas, un estado pobre y abandonado en el sur de México. Levantó la voz. Armó manifestaciones y marchas. Se reunió con unos y con otros. Y se ganó enemigos.

El domingo, poco después de las ocho de la mañana, recibió ocho balazos cuando salía de oficiar misa en el barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal de las Casas.

Tres días después, la fiscalía anunció la detención de una persona acusada de matarlo, aunque aún está por determinar cuáles fueron las causas reales del homicidio y, sobre todo, quién lo ordenó.

El fallecimiento de Marcelo Pérez se ha convertido en símbolo de la violencia que sacude Chiapas; un territorio que fue conocido internacionalmente por el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 pero que actualmente se desangra en una guerra interna entre carteles.

Condicionado históricamente por las luchas sociales, Chiapas sufre ahora un conflicto interno cuyos principales actores son los grandes grupos criminales del país: el cartel de Sinaloa, históricamente presente en la zona, y el cartel Jalisco Nueva Generación, que trata de hacerse con el control del territorio.

Además, otros grupos armados se han levantado como reacción a la histórica marginación que sufren algunos colectivos. Así que Chiapas se ha convertido en un polvorín.

«La violencia ya no se aguanta. Cada vez hay más muertos, desplazados, secuestros». Estas palabras las pronunció el propio Marcelo Pérez en septiembre, durante una marcha para denunciar la violencia desatada en Chiapas.

Su trayectoria sirve para dibujar algunos de los conflictos que salpican un territorio marcado por la pobreza: ocho de cada diez chiapanecos son pobres.

Matanza de Acteal

Sus primeros acompañamientos fueron en Simojovel, un pequeño municipio de los Altos de Chiapas, una zona marcada por la violencia posterior al levantamiento zapatista.

El 22 de diciembre de 1997, muy cerca de ahí, en la comunidad de Acteal, al menos 45 indígenas tzotziles, incluidos niños, murieron en una iglesia. Este ataque se conoce como «la matanza de Acteal».

Todos ellos pertenecían al colectivo Las Abejas, que si bien no se había sumado al EZLN, sí denunciaba la histórica marginación de las comunidades indígenas.

Desde entonces, se suceden los conflictos sociales y los desplazamientos en la zona. Ya en esa época, las autoridades, entonces en manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), trataron de limitar el conflicto a disputas entre comunidades indígenas.

El papel del sacerdote fue clave en Pantelhó, otro pequeño municipio marcado por la violencia y ubicado muy cerca de Simojovel. En 2021, un grupo de autodefensa denominado El Machete, se levantó en armas contra los Herrera, una saga familiar que ejercía el poder en el territorio y que estaba acusada de vínculos con el crimen organizado. El cura trató de mediar, aunque hubo voces que le acusaron de instigar el levantamiento.

¿El problema? Que cuando El Machete tomó las armas, también hizo desaparecer a 21 personas, a las que acusaba de ser parte activa de los Herrera.

Tras aquellos sucesos, el sacerdote fue enviado a San Cristóbal de las Casas, uno de los principales municipios de la zona y con una fuerte presencia de ONG desde hace años.

Al mismo tiempo, en la zona fronteriza, se desató la guerra. Grupos de sicarios vinculados al cartel de Sinaloa se enfrentaron con personas armadas que dicen representar al Cartel Jalisco Nueva Generación. Se disputan el tráfico de migrantes (este es un paso clave de camiones desde Guatemala), el trasiego de drogas y, en definitiva, el control territorial.

A pesar de que la violencia es cada vez más evidente, el gobierno federal trató de minimizar los hechos ya que, durante meses, el expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la violencia en Chiapas se estaba magnificando por parte de sus opositores.

Tras la muerte del padre Marcelo, cientos de personas marcharon en San Cristóbal de las Casas pidiendo justicia.