La mayoría de los abortos que se practique en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se seguirán derivando a clínicas privadas, después de que PNV y PSE hayan sumado sus votos para que el Parlamento de Gasteiz se oponga a que todas esas interrupciones voluntarias del embarazo se hagan en instalaciones de Osakidetza.

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha defendido en el pleno ordinario que celebra este jueves la Cámara una proposición no de ley en la que pedía al Gobierno de Lakua revertir las externalizaciones de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas dotando a Osakidetza de los recursos necesarios para que se atiendan directamente en el servicio público de salud.

Hernández ha recordado que el «95 %» de los abortos en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se derivan a las clínicas privadas.

Además, el representante de Sumar ha reclamado que se mejoren los protocolos de acompañamiento y atención a las mujeres que quieran abortar y una línea telefónica especializada de información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos.

EH Bildu se ha sumado a esta petición y además ha defendido en una enmienda de adición que el Departamento de Salud elabore en el plazo de seis meses un plan integral que garantice el ejercicio del derecho de las mujeres al aborto en las estructuras públicas de Osakidetza.

La parlamentaria Eraitz Sáez de Egilaz se ha referido también en su intervención al «acoso» que sufren algunas mujeres cuando acuden a los centros privados.

Estas iniciativas han sido rechazadas por el resto de los grupos parlamentarios, y en su lugar el Parlamento ha aprobado una enmienda conjunta del PNV y PSE, en la que insta a Salud a que vele por que los derechos sexuales y reproductivos sean garantizados en las instituciones y organismos dependientes del Gobierno de Lakua «o con su financiación», con un acceso «universal, equitativo y gratuito» bajo parámetros de control y supervisión médica.

El PP se ha abstenido y el resto de la oposición ha votado en contra.

«Colaboración», según el PNV

Desde los partidos socios en el Ejecutivo de Lakua, la parlamentaria del PNV Irina Rabalo ha insistido en que lo importante es que los derechos sexuales y reproductivos en la CAV están «blindados» y que las clínicas privadas que realizan abortos están «acreditadas» y cuentan con todas las garantías asistenciales y de seguridad. «Ni desmantelamiento ni privatización, es una colaboración», ha remarcado.

En la misma línea, Patricia Campelo, del PSE, ha recalcado que este derecho está «totalmente garantizado» y que la prioridad es que se garantice la seguridad, la calidad, los tiempos de respuesta, la intimidad, la no discriminación y la gratuidad.

Por el PP, Laura Garrido ha señalado que no se puede hacer «todo» en el sector público, ha defendido la colaboración pública-privada y ha opinado que no se puede obligar a los sanitarios de Osakidetza a practicar abortos, porque no se garantizaría el derecho a la objeción de conciencia.

La que ha votado negativamente a todas las iniciativas ha sido la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, que se ha posicionado en contra del aborto que, según ha dicho, «no es un derecho fundamental. La vida sí es un derecho fundamental».