«Langileak, osasuna, erantzukizuna». Cinco años después del desastre, Zaldibar Argitu ha exigido este domingo aclarar de una vez por todas las responsabilidades políticas y penales derivadas del derrumbe en el vertedero de Zaldibar, que se cobró la vida de los trabajadores Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán.

El pasado 6 de febrero se cumplieron cinco años desde que 800.000 metros cúbicos de residuos de todo tipo, equivalentes a 320 piscinas olímpicas, se vinieron abajo por la ladera donde se ubicaba el vertedero de Zaldibar. Unas 300 personas se han concentrado este domingo en el barrio de Eitzaga para recordar a Alberto y Joaquín, de quien nunca se recuperó su cuerpo, y denunciar la falta de información oficial.

La concentración se ha llevado a cabo en el corazón de Eitzaga, en un espacio idílico de no ser por el infausto recuerdo de aquel 6 de febrero de hace cinco años. La ladera por donde se deslizaron toneladas de basura hoy reposa cubierta de tierra, pero el recuerdo de Alberto y Joaquín resiste en la superficie, como lo demuestran los dos monolitos que los recuerdan en el mismo barrio. Familiares y amigos, con la emoción en los rostros a pesar del paso del tiempo, han depositado ramos de flores y claveles en su honor.

El acto también ha contado con una actuación musical y bertsos, a cargo del grupo Makis 37 e Irune Basagoiti, respectivamente; así como varios txalapartaris, dantzaris y txistularis.

Idoia Marín, de la plataforma Zaldibar Argitu, ha agradecido la presencia de todos los que se han aproximado hasta Eitzaga por acompañar a las familias y los vecinos de Zaldibar, Ermua y Eibar, los pueblos más afectados por la catástrofe, durante estos cinco años.

Lakua «tenía el deber de controlar el vertedero»

En nombre de Zaldibar Argitu ha atendido a los medios Gaizka Zabarte, quien ha recordado que llevan «desde el primer día exigiendo las responsabilidades pertinentes». Hasta el momento, ha dicho, la instrucción del sumario que investiga el delito medioambiental sigue abierta, algo «desesperante» para los miembros de la plataforma.

Desde que se abrió en 2021, esta investigación permanece abierta en el Juzgado de Instrucción 1 de Durango. Hay 13 investigados, entre los que se encuentran el dueño de Verter Recycling José Ignacio Barinaga; la gerente, María Arrate Bilbao; y el ingeniero jefe, Juan Elosegui Etxeberria, así como técnicos de la Administración de Lakua, dos geólogos de la consulta Lurtek y cinco técnicos de la ingeniería Geyser.

En el otro sumario, los tres empresarios de Verter Recycling, empresa encargada de la gestión del vertedero, aceptaron seis meses de cárcel por dos delitos de «homicidio imprudente». «Mediante un acuerdo de indemnización evitaron tanto el juicio oral como la cárcel», ha explicado Zabarte.

En lo que respecta al Gobierno de Lakua, ha dicho que es quien «tenía el deber de controlar toda la actividad del vertedero», pero que ninguna autoridad ha asumido «ninguna responsabilidad». «Es más, los responsables en aquel momento están desapareciendo de la escena política», ha criticado.

Por todo ello, desde Zaldibar Argitu han denunciado la falta de información oficial a pesar de seguir «la situación in situ», en un momento en el que, ha afirmado Zabarte, «hay chimeneas que emiten unos gases horribles, pero desconocemos los análisis medioambientales». Tanto él como Marín han exigido esclarecer «qué es lo que ocurrió, quiénes son los responsables de esta catástrofe», y que se ofrezca «información de la actual situación del vertedero y todo lo que acontece». Sin embargo, han confesado que las esperanzas de que lleguen novedades son escasas, «visto lo visto hasta ahora».

Una vez se produjo el desastre, Verter Recycling inició su proceso de liquidación, sin llegar a hacerse cargo de unos gastos de búsqueda de los trabajadores y de estabilización de la zona que ascendieron a 28 millones de euros. Hay que recordar también que el vertedero se encontraba por encima de su capacidad de almacenamiento y que, incluso antes de que se produjera el desastre, se detectaron hasta 23 irregularidades, todas ellas consideradas «poco relevantes».