El 23 de marzo de 2023 -pronto hará dos años- el Parlamento de Gasteiz aprobó instar «al Gobierno Vasco a impulsar, siempre desde el respeto a la autonomía de los agentes sociales, que el acuerdo interprofesional recoja un salario mínimo de negociación colectiva que se corresponda con la realidad socioeconómica del País Vasco». La propuesta fue de EH Bildu, que alcanzó un acuerdo con PNV, PSE y EP-IU.

La iniciativa estuvo en un cajón, primero con Idoia Mendia al frente de la Consejería de Trabajo y Empleo, y después con el actual vicelehendakari Mikel Torres, hasta que se reactivó en diciembre del pasado año 2024. Justo en esos meses, EH Bildu había hecho de la búsqueda de un SMI propio una reivindicación para alcanzar un acuerdo presupuestario, que el Ejecutivo de PNV y PSE rechazó abordar.

Pero, en paralelo, el 16 de diciembre el Departamento de Torres puso en marcha un contrato para que una consultora externa haga «un estudio que justifique y proponga un indicador de salario mínimo de convenio para la CAV».

Casi 17.000 euros

En la documentación del contrato, el Gobierno asegura que este estudio «no puede ser asumido con los recursos humanos y técnicos de que dispone el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, siendo además inconveniente o imposible su reorganización».

Así que, finalmente, cerró un «contrato directo» por un montante de 16.938,79 de euros, con la empresa Ikertalde Grupo Consultor SA, una de las firmas de asesoría habituales de algunos departamentos del Gobierno de coalición.

325 personas y 22,5 millones

Según el presupuesto de la CAV, el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo tiene una plantilla de 325 personas. De ellos, 14 son altos cargos, en concreto un vicelehendakari y consejero, 3 viceconsejeros y 10 directores. Cuenta con 7 asesores. Además, hay 303 funcionarios y un trabajador como «personal laboral».

El presupuesto de Personal de la Consejería es de 22,5 millones de euros. 1,25 millones corresponden a los altos cargos, el capítulo de asesores es de 585.000 euros, y el del resto de trabajadores 16,4 millones de euros.

«A los agentes sociales»

Pese a todo ese aparato, el consejero Mikel Torres ha reiterado, en una respuesta parlamentaria a Jon Hernández, de Sumar, que «dado el alcance del estudio y la exigencia de calidad en un plazo de seis meses, abordarlo íntegramente desde el departamento supondría una sobrecarga que afectaría al desarrollo de las tareas diarias de los servicios implicados. Por ello, se ha optado por encargar una parte del trabajo a un equipo externo».

En todo caso, asegura que se «garantiza» una «participación activa del departamento a través de reuniones y revisiones continuas del proyecto».

Preguntado por Jon Hernández, de Sumar, sobre si el Gobierno tiene pensado presentar la cifra de la consultora como salario mínimo, responde que «el informe en su totalidad será presentado a los agentes sociales más representativos que están sentados en la mesa de negociación para que, entre otros elementos, se ayude a la negociación y en su caso acuerdo en esta materia»

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