La Fiscalía Anticorrupción dirigida por Alejandro Luzón, que asumió la denuncia del PSOE, indaga en unas diligencias que permanecen secretas si las prácticas de financiación en la calle por parte de Vox pueden ser irregulares. Así lo ha adelantado 'El independiente' y confirman a EFE fuentes fiscales este lunes.

En la denuncia presentada a mediados de diciembre ante la Fiscalía General del Estado, el PSOE señalaba que había realizado un análisis «exhaustivo» del modo de proceder para financiarse del partido liderado por Santiago Abascal a través de recaudaciones en mesas informativas en la calle.

El PSOE calcula que la cuantía alcanzada en los últimos años con esta forma de captación de fondos «podría alcanzar los cinco millones de euros, según los datos obtenidos de las cuentas anuales que la formación política publica en su página web».

Junto a las huchas, el PSOE señala también la venta de productos de merchandising en los puestos de información callejeros de Vox como una vía para «captar fondos en metálico de un modo absolutamente opaco».

Préstamo de Hungría

En su opinión, la recepción de donaciones anónimas en huchas y la realización de ventas promocionales sin justificar una mínima contabilidad o recibos contravendrían lo establecido en la normativa, pues, según argumenta el PSOE «las donaciones anónimas pueden ocultar formas de financiación ilícitas sin aportar ninguna transparencia sobre las mismas».

Asimismo, subrayan que estos ingresos «también parecen carecer de toda trazabilidad, confundiéndose con los ingresos de donaciones anónimas que se anotan de forma conjunta como tales, por un valor inferior a 300 euros para evitar identificar a una persona, siguiendo las directrices internas de Vox que han sido publicadas por diferentes medios de comunicación».

En la denuncia, el PSOE también incluye un préstamo de 6.500.000 de euros concedido por el banco húngaro MBH Bank Nyrt, cuyo principal accionista es un fondo estatal de ese país, vinculado al presidente de ultraderecha, Víktor Orban, que, a juicio del PSOE, Vox habría tratado de ocultar en su contabilidad.

De esa manera, «infringiría nuevamente la normativa de financiación, que prohíbe la financiación de partidos políticos por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos».