La Fiscalía ha citado a declarar el próximo 19 de mayo a Blanca Serra, la activista de la izquierda independentista que denunció haber sido torturada en 1977 en la comisaría de la Via Laietana de Barcelona, en su primera investigación sobre los abusos de la Policía franquista en el Estado español.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, escuchar el testimonio de la denunciante es la primera de las diligencias que ha ordenado la fiscal delegada de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Sara Gómez Expósito, en el marco de esa pionera investigación que el Ministerio público anunció el pasado 3 de abril.

Las diligencias se derivan de la denuncia que Serra (Barcelona, 1943) presentó ante la Fiscalía por los tratos vejatorios y torturas que mantiene que sufrió durante sus detenciones entre 1977 y 1982 en la comisaría de la Via Laietana de Barcelona junto a su hermana Eva, ya fallecida y con la que compartía militancia en la izquierda independentista catalana.

La Fiscalía anunció el pasado 3 de abril que abría por primera vez en el Estado español una investigación penal para investigar torturas del franquismo en virtud de la nueva Ley de Memoria Democrática de 2022, que insta a llevar a cabo diligencias que permitan satisfacer «el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición».

De hecho, difícilmente la diligencias abiertas por la Fiscalía puedan desembocar en una denuncia ante el juzgado por delitos cometidos durante el franquismo, dado que la justicia ha rechazado en varias ocasiones que esos hechos puedan tener consecuencias penales por estar amparados por la ley de amnistía de 1977.

Desde la aprobación de la ley, la Fiscalía de Memoria Democrática, que dirige Dolores Delgado, ha defendido ante la justicia que se investiguen por la vía penal las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el franquismo y la guerra del 36, al concluir que es una «obligación legal» que se deriva de la nueva ley.

Las diligencias penales de la Fiscalía se abren después de que dos juzgados de Barcelona, con el aval de la Audiencia, rechazaran investigar sendas querellas por torturas cometidas en la Via Laietana –presentadas por el sindicalista Carles Vallejo y los antifranquistas hermanos Ferrándiz–, argumentando que así lo impide la ley de amnistía de 1977 y que, además, ese delito ha prescrito.

Tras esos archivos, Blanca Serra presentó directamente ante el Ministerio público una denuncia en la que mantenía que había sido torturada junto a su hermana Eva, ya fallecida, las cuatro ocasiones en que fue detenida durante la denominada Transición: en febrero de 1977 –antes de las primeras elecciones generales y la aprobación de la ley de amnistía– y en 1980, 1981 y 1982, ya tras los comicios electorales.

La víctima interpuso esta denuncia a través de la organización en defensa de los derechos humanos Iridia, que contó además con el apoyo de Òmnium Cultural. En un comunicado, Iridia subrayó el pasado 3 de abril que se trata de un «precedente histórico en el reconocimiento e investigación de la tortura durante la dictadura».

«Celebramos este primer paso en el ámbito jurídico», dijo la entidad, aunque señaló que esta investigación debe servir para poder acceder a los archivos policiales, tomar declaraciones a testimonios y peritos y, sobre todo, para identificar a los responsables de las torturas en la comisaría de Via Laietana.

Identidad de los policías

La investigación de Fiscalía se centra por el momento a las torturas denunciadas en 1977. En su denuncia, Serra solicita al Ministerio público que indague, a través de los expedientes administrativos de la época, la identidad de los policías franquistas responsables de los abusos que sufrió, argumentando que no se le permite acceder a esa información.

En una de las resoluciones en la que daba carpetazo a las denuncias de víctimas de torturas en la Via Laietana, la Audiencia de Barcelona instaba a la Fiscalía a investigar los hechos fuera de la vía penal, a través de un proceso de «establecimiento de la verdad».

La pionera investigación abierta por el Ministerio público permitirá ahora sentar las bases del tipo de diligencias que la Ley de Memoria permite llevar a cabo para indagar los crímenes del franquismo, con los límites que impone la amnistía del 77, y qué reparación merecen las víctimas.