En Egipto, alrededor del 10% de la población pertenece a la Iglesia copta. Cristiana ortodoxa, esta comunidad predica su visión del cristianismo y, rodeada de musulmanes, desde hace 2.000 años sobrevive a imperios y dictadores. Pese a ser considerada parte fundamental de la identidad moderna egipcia, la comunidad copta no tiene los mismos derechos que la mayoría musulmana: entre otras formas de discriminación, lamenta la imposibilidad de construir iglesias con libertad y las fricciones sociales que aún genera esta causa.

«A la mayoría de la sociedad no le gusta que se construyan iglesias. No importa si eres o no islamista. Este sentimiento ha sido promovido por los islamistas y ahora es parte de nuestra cultura», asegura Sara Shaltout, doctoranda de la Universidad de Edimburgo. «¿Sabe cómo se construyen las iglesias en Egipto? En secreto, aunque con un acuerdo verbal con las autoridades. Los cristianos compran un terreno, crean una organización y empiezan a rezar. De forma gradual, si la gente no protesta, se convierte en iglesia. El proceso se llama ‘plantación de iglesia’, por la relación que hay con la semilla, que no siempre garantiza un árbol», añade Shaltout, que aglutina en sí misma el regusto religioso egipcio: es musulmana, estudió en un colegio evangélico e investiga la comunidad copta.

Causa abierta que refleja la discriminación estatal y la tensión interreligiosa, desde 1934 existen normas restrictivas para construir o renovar iglesias que limitan la libertad de culto en Egipto. Por ello, hay iglesias «ilegales» que carecen del permiso de las autoridades.

En 2016, el Gobierno impulsó una reforma legal para relajar las condiciones para edificar o legalizar iglesias en la que no tuvo en cuenta la opinión de la sociedad civil. Ishak Ibrahim, responsable del departamento de discriminación de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales (EIPR), organización que defiende los derechos de las minorías, se muestra crítico con la reforma: «En primer lugar, la ley es distinta a la que hay para poder construir mezquitas, que es mucho más laxa, por lo que existe una discriminación. Además, se requiere la autorización del Aparato de Seguridad, que tiene en cuenta el número de iglesias, de cristianos y de sectas en el área, y si existen muestras de rechazo público a la construcción. Estas condiciones hacen que sea muy difícil edificar iglesias, sobre todo en las zonas rurales de Egipto».

Según los datos aportados por el Ejecutivo, desde que entró en vigor esta enmienda se han legalizado casi 3.000 templos, aproximadamente la mitad de las solicitudes presentadas. Sin embargo, la construcción, renovación o legalización de centros de culto sigue generando disputas en regiones conservadoras. Desde que se implementó la ley, la EIPR ha documentado el cierre de 27 iglesias y 58 ataques sectarios relacionados con esta causa. Entre las decenas de ejemplos, destacan dos hechos encadenados de abril de 2024 en Al-Fawakhir y Al-Kom al-Ahmar, en la región de Minya: al pensar que los cristianos disfrutaban de las homilías en un templo sin licencia, una turba islamista quemó y asaltó viviendas cristianas en Al-Fawakhir; y tres días más tarde, en Al-Kom al-Ahmar, los aldeanos se unieron para atacar las obras de construcción de una iglesia evangélica que cuenta con la licencia desde 2023.

En estas disputas interreligiosas, el Estado egipcio, para no agitar el avispero social, opta por dejar en libertad a la mayoría de agresores y, casi siempre, la disputa se cierra con sesiones de reconciliación comunitarias que no cambian el statu quo. Representativo de este sistema es un caso de 2016 en Al-Karam, también en Minya, en el que Suad Thabet, mujer copta de 72 años, fue agredida y desnudada en público porque su hijo tenía una relación oculta con una mujer musulmana divorciada; años más tarde, en los tribunales, fue su hijo quien terminó condenado a dos años de prisión por adulterio, mientras que los tres agresores principales fueron absueltos en 2023.

En Egipto, la mayoría musulmana goza de impunidad cuando se producen altercados interreligiosos. Aunque ocurren incidentes en todo el país, son más recurrente en regiones conservadoras y empobrecidas con un alto número de coptos. Situada 250 kilómetros al sur de El Cairo, todos los informes apuntan a Minya, donde la comunidad copta es la más numerosa de Egipto en proporción al número de habitantes: suma alrededor del 30% de la población. «Si los cristianos fueran una minoría muy reducida, aceptarían las violaciones de sus derechos por parte de la mayoría porque se sentirían pequeños. No podrían decir o hacer nada. En Minya, como son el 30%, rechazan que se violen sus derechos», asegura Ibrahim, que es copto, como delata una pequeña cruz tatuada en su mano. «La ciudadanía se basa en el credo. En Minya, expresan su identidad y poder: usan las cruces, van a la iglesia, aseguran que son iguales y que tienen los mismos derechos [que los musulmanes]. Por eso, en el día a día pueden estallar problemas entre las comunidades», añade sobre estas disputas que hay que diferenciar de los atentados yihadistas, que se han reducido drásticamente desde 2018.

Comunidad dinámica

En Egipto, los cristianos no se esconden. Al contrario, el credo es parte de la identidad y se muestra con orgullo. Tatuajes de cruces en manos o muñecas, estampas de líderes coptos en los negocios o retratos de la Virgen María en las calles son algunas de las muchas formas de expresión identitaria copta. Como no puede ser menos en una comunidad que suma el 10% de los más de 100 millones de habitantes de Egipto, sus feligreses cambian en función de la región que habitan. En Minya son conservadores. En Asiut, lo son en las aldeas, pero no en la ciudad, heterogénea gracias a sus afamados hospitales universitarios. Y en Alejandría o El Cairo hay demasiadas realidades como para generalizar. Artesanos, costureros, comerciantes de oro, dentistas o farmacéuticos, los coptos son empresarios, políticos [el fallecido Butros Butros-Ghali llegó a presidir la ONU] y también recicladores de basura: lo son en la aldea de Dayr Rifah, en Asiut, o en el barrio cariota de Zabbaleen.

Respetada por el socialista Gamal Abdel Nasser, reprimida por el islamista Anwar el-Sadat y contenida por el continuista Hosni Mubarak, la comunidad copta parece haber encontrado estabilidad con Abdel Fattah al-Sissi, que llegó al poder en 2014. Ishak Ibrahim reconoce avances: hay menos discursos de odio, existe una cuota parlamentaria para los coptos y, como ejemplo de respeto, el propio presidente acude a celebraciones destacadas como la Navidad. Sara Shaltout habla de entendimiento: «Existe una relación diferente; también es diferente el papado e incluso el Estado. Desde la llegada del papa Tawadros II existe una relación sólida entre la Iglesia y el Estado».

Las minorías religiosas afrontan más condenas por blasfemia, ven minimizada su participación histórica en los libros de texto educativos o tienen problemas para edificar templos de culto.

Pese a las muestras de respeto, reflejadas también en gestos como la construcción en Nuevo Cairo de la catedral más grande de Oriente Medio, esta relación connivente no logra poner fin a la discriminación que sufren las personas que no son musulmanas suníes. Así es el sistema en Egipto, donde las minorías religiosas afrontan más condenas por blasfemia, ven minimizada su participación histórica en los libros de texto educativos o tienen problemas para edificar templos de culto. Una losa discriminatoria que, en el siglo XXI, merma la confianza entre las comunidades religiosas de Egipto.


El divorcio: un conflicto en el seno de la Iglesia

La Constitución egipcia reconoce los derechos de las religiones abrahámicas, que son las monoteístas, y estipula como fuente de jurisprudencia la sharia o ley islámica. Al mismo tiempo, considera que las leyes canónicas rigen el estatus personal de las comunidades cristianas y judías en causas como el matrimonio, la herencia o el divorcio. Fuera de estas confesiones, Egipto no reconoce a las minorías y, por tanto, implementa la legislación propia de la mayoría musulmana. Si bien existen formas de discriminación que resultan de las políticas del Estado egipcio, hay casos en los que los problemas surgen de la falta de entendimiento en la propia comunidad copta. El caso más representativo es el del divorcio, que afecta sobre todo a la mujer.

«En un caso, una mujer estaba casada con un reverendo copto y, para poder divorciarse, se convirtió al islam. Se produjeron manifestaciones y, al final, el papa tuvo que intervenir, y exigió al Gobierno que le devolviera a su feligresa. Y el Gobierno lo hizo»

Hasta el papado de Shenouda III, iniciado en la segunda mitad del siglo XX, los coptos podían divorciarse por enfermedad incurable, actitud violenta, adicción, adulterio o conversión. El carismático papa redujo las opciones a dos: adulterio y conversión. Con el tiempo, estas normas conservadoras han provocado tensiones en la comunidad copta, y mujeres desesperadas por situaciones familiares insostenibles no han tenido más opción que convertirse al islam o a otro credo cristiano. Y a veces, ni eso ha sido suficiente.

«En un caso, una mujer estaba casada con un reverendo copto y, para poder divorciarse, se convirtió al islam. Se produjeron manifestaciones y, al final, el papa tuvo que intervenir, y exigió al Gobierno que le devolviera a su feligresa. Y el Gobierno lo hizo», rememora Sara Shaltout. «La Iglesia actuó con Wafa Constantine como si no fuera una persona, sino una propiedad. De hecho, todo el mundo lo hizo», lamenta, y asegura que «estos casos siguen ocurriendo»: la mujer no quiere seguir viviendo con su marido y huye, pero la Iglesia contacta con el Aparato de Seguridad, que la busca y devuelve a la comunidad.

El actual papa, Tawadros II, parece dispuesto a cambiar las normas para facilitar el divorcio. Junto al Estado trabaja en una reforma que, explica Ishak Ibrahim, incluiría dos supuestos más: si existe una condena de cárcel de larga duración o si se hace imposible la convivencia. Sin embargo, para este investigador la solución definitiva es otra: «Nosotros, como la EIPR, pedimos que se permitan dos caminos para el divorcio: el religioso y el civil, que sería para todos, incluidos los musulmanes»