
La coalición de Gobierno y EH Bildu han aprobado la Ley de Vivienda asequible, un paquete de medidas que permitirán aplicar medidas innovadoras en este ámbito. Algunas están muy vinculadas al despliegue de los topes de alquiler en zonas tensionadas que llegarán en julio (como la creación de registros de grandes tenedores o la actualización del régimen sancionador), pero las medidas más destacadas están más relacionadas con el nuevo diseño de las viviendas protegidas y las pautas para nueva construcción.
Uno de los cambios principales y del que toma el calificativo de «asequible» la iniciativa es la creación de una nueva tipología de alquiler protegido con un precio intermedio entre la actual y el de mercado. El grueso de estas medidas las detalló el gerente de Nasuvinsa, la empresa pública de vivienda de Nafarroa, en una entrevista a NAIZ el pasado mes de octubre.
Esta categoría denominada asequible aspira a cubrir la necesidad del colectivo demandante que, aunque no puede acceder a los precios actuales, tampoco se encuentra situación de emergencia social.
En paralelo, se impulsa un nuevo modelo de colaboración público-privada para la construcción de nuevas viviendas, basado en la constitución de empresas mixtas al 50% con socios privados de manera que se compartan los beneficios o las pérdidas.
El encargado de la defensa de la norma (que modifica la Ley Foral 10/2010 y el Decreto Foral Legislativo 1/2017) ha sido Daniel López, de Contigo-Zurekin, coalición que lidera la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro. El parlamentario ha defendido la necesidad de intervenir en el mercado y ha incidido en que la ley incluye importantes mejoras como la inclusión de figuras como el «acoso inmobiliario» y sanciones para otras conductas discriminatorias.
Por el PSN, Kevin Lucero ha asegurado que la normativa aspira a revertir la situación de desregulación en el mercado y de «sálvese el que pueda». Y ha remarcado el avance que supondrá un registro de grandes tenedores.
Por parte de EH Bildu, Mikel Zabaleta ha dejado para más adelante las medidas concretas, dado que la norma tiene que trabajarse ahora en comisión. En su intervención, ha explicado que la vivienda no sube o baja únicamente en función de la oferta y la demanda, sino que su doble condición de bien necesario y activo financiero que se revaloriza hace necesaria una regulación específica para evitar la especulación.
Geroa Bai, en su turno, ha afirmado que la ley sentará las bases de un «compromiso firme» para revertir la situación creada en torno a la vivienda.
En la bancada de la derecha –que ha votado en contra– Juan Luis Sánchez de Muniáin, quien hizo gala de las medidas intervencionistas que, en su día, creó UPN (bolsa de alquiler, el banco de suelo...). Muniáin ha criticado al PSN por renegar de la política que desarrolló conjuntamente con ellos.
Por su parte, Isabel García Malo (PP) ha puesto como ejemplo a Madrid y ha dicho que la solución pasa por impulsar los macroproyectos que ahogó la crisis de 2007 (Gendulain, Etxabakoitz, Donapea) donde se podrían construir 35.000 viviendas.

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