Amnistía Internacional ha solicitado a los Gobiernos español y de Lakua que evalúen los vínculos de la empresa guipuzcoana CAF con «la conducta ilegal de Israel» y activen medidas que «impidan que esta empresa contribuya a la ocupación ilegal» de Palestina.

El director de Amnistía Internacional en el Estado español, Esteban Beltrán, ha exigido a CAF, en un comunicado, que se retire del proyecto del tranvía ligero de Jerusalén, después de que la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, incluyera este proyecto y citara a la compañía guipuzcoana en el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional.

En dicho informe, Albanese manifiesta que el proyecto en el que participa la empresa constructora de ferrocarriles contribuye a «establecer y ampliar las colonias» israelíes, ya que incluye 27 kilómetros de nuevas vías y 50 nuevas estaciones en Cisjordania, «que conectan las colonias con Jerusalén este.

Amnistía Internacional recuerda en su comunicado que CAF participa en este proyecto desde 2019, en consorcio con la israelí Shapir, y denuncia que la nueva línea conecta el territorio de Israel con asentamientos ilegales en Jerusalén este, «un territorio ocupado en 1980, cuya anexión no es reconocida por Naciones Unidas ni por la Unión Europea».

Por este motivo, esta organización ha reiterado a CAF, como hizo el pasado 14 de junio en la Junta General de Accionistas, que «deje de mirar a otro lado» y se retire de este proyecto, porque «contribuye al mantenimiento y consolidación de los asentamientos ilegales».

Ha recordado que en 2024 la empresa catalana Comsa se retiró de un consorcio para construir la línea azul del tranvía de Jerusalén y que esta semana Sidenor anunció la suspensión de sus ventas de acero a Israel.