LAB mantiene abiertos varios frentes para acabar con la precariedad que sufren las trabajadoras del hogar. Así, hace quince días presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional español en defensa de su derecho a la negociación colectiva y este lunes, en una comparecencia en Bilbo, un decálogo de medidas urgentes para mejorar las condiciones del sector, que ya expusieron a la ministra de Trabajo en mayo y que tras el verano harán lo propio con los Gobiernos de Pradales y Chivite, así como otras organizaciones sindicales y movimiento feminista.

En rueda de prensa, la coordinadora de LAB ha denunciado la grave situación del sector, donde prima la explotación laboral, falta protección legal e institucional, y hay una ausencia de visibilidad de la dura realidad de miles de mujeres migrantes y racializadas a las que se explota. «El sistema necesita este trabajo para sobrevivir, pero el capitalismo patriarcal y colonial no le da el valor que merece», ha manifestado Garbiñe Aranburu.

Ha incidido en que incluso Inspección de Trabajo no interviene ante las denuncias, alegando que es imposible actuar en hogares privados, en especial ante empleadas internas, «en condiciones de semiesclavitud, sometidas a violencia y abusos».

Aranburu ha apuntado a que la precariedad en este sector la ampara la Ley de Extranjería. «Nosotros defendemos claramente que Euskal Herria es un país de acogida, y todas las personas que quieren vivir y trabajar aquí serán bienvenidas. Queremos deshacernos de las miradas clasistas, reconocer la importancia de todo trabajo y reflejar ese valor en los derechos laborales», ha expuesto.

LAB aboga por una nueva organización social en torno a los cuidados a través de un sistema público comunitario. Además, quiere ser una «herramienta» en la lucha por los derechos de este colectivo.

Negociación colectiva

Una de sus prioridades ha sido que estas trabajadoras puedan ejercer su derecho a la negociación colectiva, que la patronal les niega. En mayo de 2022, invitó al resto de sindicatos a sumarse y emplazó también a Confebask a participar en la mesa. La patronal, al contrario que las centrales, lo rechazó, lo que para LAB es una violación de derechos y discriminación, ya que deja a estas trabajadoras sin la posibilidad de acceder a un convenio colectivo.

El asunto fue llevado primero al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y más tarde al Supremo, sin que, tal y como ha explicado Ainhize Muniozguren, responsable de la Secretaría Jurídica, se haya abordado el fondo de la cuestión, que es el derecho del sector a la negociación colectiva. En esta situación, han interpuesto un recurso de amparo ante el Constitucional español, al entender que se vulnera un derecho básico.

Y derechos básicos son los recogidos en un decálogo que recoge medidas urgentes para mejorar las condiciones del sector. Algunas –ha apuntado Mariana Urcuyo, responsable del Sector de Trabajadoras de Hogar de LAB– deben ser abordadas a través de la negociación colectiva y otras requieren de cambios legislativos, por lo que en los próximos meses se va a presentar a agentes políticos, sindicales y sociales, además de los Ejecutivos de Lakua e Iruñea.

Aranburu ha precisado que, en mayo, en la reunión que mantuvieron con la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le expusieron sus reivindicaciones.

Entre las medidas que recoge el decálogo está que se garantice el derecho a la negociación colectiva, hacer obligatorio el registro de la jornada laboral, abolir el régimen interno, controlar y reconocer las horas de presencia y las horas nocturnas, establecer indemnizaciones por fin de contrato iguales para todos los sectores, implementar una Inspección de Trabajo «efectiva y sin prejuicios», aplicar de manera «real y fiable» la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, reconocer las cotizaciones previas a 2022, avanzar hacia un sistema público comunitario de cuidados, y garantizar los derechos de las mujeres migrantes y racializadas.