En el ojo del huracán a nivel internacional por las obras del tren que une Jerusalén y las colonias, la dirección de CAF ha emitido este jueves una declaración en la que justifica el proyecto, afirmando que lo analizó previamente al ser consciente de las implicaciones y que «hasta la fecha no se ha identificado ninguna vulneración de los derechos humanos ni se ha materializado ningún impacto adverso».

«Al contrario, el proyecto de Jerusalén genera impactos positivos en la población, lo que ha sido corroborado a través de informes de expertos independientes realizados en el año 2023 y, nuevamente, en julio de 2025», sostiene la empresa con sede en Beasain.

El comunicado contradice a la ONU, cuya Relatora Especial para los territorios ocupados, Francesca Albanese, ha señalado públicamente la responsabilidad de CAF. Así, subraya que los informes antes mencionados «destacan el amplio cumplimiento por parte de CAF de los principales estándares internacionales sobre responsabilidad social corporativa y sostenibilidad, y el cumplimiento de la Diligencia Debida en materia de Derechos Humanos de acuerdo con los principios rectores de la ONU y las directrices de la OCDE».

Con el objetivo de defender este proyecto cada vez más cuestionado, CAF se aferra incluso a la utilización del tren por parte de población palestina: «Los datos de movilidad disponibles confirman que los miembros de la comunidad árabe, que constituyen una parte significativa de los usuarios del tranvía, son los que lo utilizan con más frecuencia (más de la mitad de ellos lo utiliza tres o más veces a la semana)». Y añade que estas personas «se sitúan en los niveles más altos de satisfacción con el servicio, de acuerdo con las encuestas de calidad».

Sin «discriminación»

Alega en paralelo que la sociedad encargada del operativo y mantenimiento del sistema «sigue una estricta política de contratación inclusiva y no discriminatoria», en la que «cerca del 25% de los empleados son árabes». Junto a ello declara que se adoptan «medidas específicas para evitar cualquier discriminación por razones étnicas, de nacionalidad, religiosas o de otro tipo, asegurando que el sistema de transporte sea accesible a cualquier persona y que los letreros y señales sean plurilingües, incluyendo el idioma árabe y el hebreo».

En conclusión, CAF señala que su evaluación previa y actual le lleva a concluir que «no se ha identificado ninguna vulneración de los derechos humanos». Mantiene intacto el proyecto desatendiendo las demandas de la ONU o Amnistía Internacional, así como el propio comité de empresa, escudándose en «el compromiso de actuar de acuerdo con los más altos estándares de integridad, responsabilidad y transparencia, y de continuar realizando un seguimiento prioritario de cualquier asunto material relativo a la ética y a los derechos humanos».

El comité y ELA piden cortar con Israel

Justo este jueves, antes de esta declaración, el comité de empresa de CAF y el sindicato ELA han urgido a la compañía vasca a «terminar con sus relaciones con el Estado de Israel» y abandonar el proyecto de tranvía de Jerusalén.

En un comunicado, ELA ha recordado que lleva seis años, desde que conoció que CAF optaría a la licitación del proyecto de ejecución del citado tranvía, oponiéndose al mismo en «solidaridad hacia el pueblo de Palestina, ya que el diseño del proyecto consolidaba la ocupación ilegal del territorio por parte de Israel».

Sin embargo, ha lamentado que la dirección ha hecho «caso omiso» a esta petición y encima «ha incrementado su relación con el estado de Israel con la adjudicación de un nuevo proyecto en Tel Aviv».

El sindicato ha solicitado una reunión con la dirección de la empresa para «conocer al detalle cuáles son sus planteamientos respecto a los proyectos con Israel», pero desde CAF han «negado» este encuentro, algo que ha calificado de «muy grave».

BDZ: «Un intento de lavado de cara»

El movimiento BDZ, que impulsa el boicot a Israel y que lleva 5 años en campaña (junto con otras organizaciones) para que CAF se retire de éste proyecto, ha hecho público un comunicado calificando las explicaciones de la empresa como «un intento de lavado de cara, con un puñado de mentiras y semi-verdades».

Señala que los datos que ha aportado CAF «no son más que el resultado de informes encargados por la propia compañía y elaborados por asesores legales contratados por la propia compañía para dar apariencia de legalidad a la sospechosa conducta de la empresa».

«Tan arrogantes son que la dirección de CAF quiere hacer creer a la opinión pública que sus asesores legales, contratados expresamente para elaborar un informe adaptado a las necesidades de la compañía, saben más que todo el equipo jurídico de la ONU. Pese a todo, no han sido capaces de presentar ni un solo argumento las dos principales denuncias que pesan sobre ellos», señala BDZ.