Diecisiete cargos directivos y técnicos relacionados con la incineradora de Zubieta deberán comparecer los próximos días 4, 5 y 6 de noviembre en calidad de investigados ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Donostia, en relación con un presunto «delito contra el medio ambiente» en el marco del dossier abierto por los vertidos tóxicos en la regata de Arkaitzerreka.

El presidente de la asociaición GuraSOS, Joxe Mari Izeta, y el letrado Joseba Belaustegi han dado a conocer estas citaciones en una comparecencia que han ofrecido este miércoles en la capital guipuzcoana. Entre los imputados se encuentran directivos de las empresas Ekondakin y Ekobal, concesionaria y operante en la incineradora, así como técnicos emisores de certificados y actas de obra. No ha sido citada ninguna persona del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), frente a lo cual GuraSOS sostiene que «esta entidad no solo forma parte, sino que encabeza el organigrama de la estructura societaria de la incineradora».

Los hechos se remontan al 13 de julio de 2022, cuando se produjo un vertido contaminante, procedente de la citada incineradora, a la regata Arkaitzerreka a su paso por Usurbil. Según han indicado, la citación judicial se basa en un informe pericial y un atestado emitidos por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, solicitados por el propio Juzgado a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente de Gipuzkoa.

Sin asegurar la total estanqueidad

Según dicho informe pericial, las instalaciones de la incineradora, «en los diferentes elementos de la instalación que contienen lixiviados», entraron en funcionamiento sin asegurar «la total estanqueidad» de aquellos, y posteriormente tampoco se solventaron estas deficiencias. Todo ello derivó «en un vertido de lixiviados continuado que por su origen y composición suponen un grave riesgo sobre el medio receptor».

Los representantes de GuraSOS han apuntado que las deficiencias se detectaron pero no se solventaron, «permitiendo el inicio de la actividad y el funcionamiento de la incineradora. Durante ese tiempo, técnicos de diferentes empresas emitieron certificaciones de verificación y debió existir un control de obra expresada en diferentes actas».
   
Esta asociación ha advertido de que «la generación líquidos y lixiviados, así como la falta de estanqueidad en los diferentes fosos y canales, representan un problema estructural permanente en las instalaciones de la incineradora, e igualmente son una de las fuentes de contaminación grave que afectan al subsuelo y a las aguas del entorno», y han citado situaciones que han copado titulares en los últimos años, como «el envío de lixiviados y lodos tanto a la planta navarra de Ecofert en Artaxoa, como a Sader en Bilbao», o el «desvío proyectado de dichos contaminantes líquidos hasta la playa de la Zurriola previo paso por la EDAR de Loiola».            

Foso inundado

GuraSOS ha revelado que el informe técnico pericial de la Guardia Civil confirma que la actividad en Zubieta «se inició sin que se hubieran realizado las obras de estanqueidad, drenaje y bombeo recogidas en el proyecto aprobado y la propia Diputación comprobó que, un año y medio después seguían sin serlo. El foso de la incineradora estuvo todo ese tiempo inundado y en vez de proceder a su retirada de forma inmediata, no se hizo, dejándola almacenada, causando el vertido».

La investigación concluye que «de haberse retirado, no se habría producido el vertido en las condiciones que sucedió, independientemente de que el depósito de TMB y las líneas de biosecado también tuvieran filtraciones».

Este dossier adjunta un informe del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona que recoge «elevadas concentraciones de amonio no ionizado y elevados valores de conductividad que pueden tener importantes repercusiones en el medio receptor. También hallaron cromo, zinc, plomo, níquel y cantidades muy elevadas de metales como hierro, manganeso y aluminio, así como algunos tipos de plastificantes (ftalatos y adipatos) que son muy tóxicos sobre organismos acuáticos y el medio ambiente».

GHK denuncia «persecución política»

Tras esta comparecencia de GuraSOS, GHK ha emitido una nota en la que anuncia «posibles acciones legales» por volver a «intentar imputar responsabilidades a los gestores políticos del territorio, pese a que después de año y medio los informes de la UCO ya dejaron claro que no existía ninguna toxicidad ni irregularidad» en el conjunto de instalaciones oficialmente denominadas como Complejo Medioambiental de Gipuzkoa.

El Consorcio de Residuos entiende que las acusaciones de GuraSOS contienen «una clara obsesión y persecución política» destinada a «desacreditar soluciones efectivas que otros no supieron ofrecer. No son más que un intento reiterado de generar alarma y confusión, y los responsables actuales han actuado siempre con total corrección y transparencia».

En palabras del presidente de GHK, José Ignacio Asensio, «ante la reiteración de afirmaciones falsas y difamatorias que dañan la reputación de nuestras instalaciones y de quienes las gestionamos, estudiaremos todas las acciones legales que consideremos oportunas para defendernos y proteger nuestra labor y nuestros derechos».

«Muestra de que todo lo que dicen carece de veracidad –prosigue el comunicado–, es el reciente certificado otorgado a las instalaciones por parte de la multinacional aseguradora FM, la cual ha verificado la seguridad y el cumplimiento normativo de la planta».

GHK recuerda que desde 2016 se han abierto más de cuarenta procedimientos judiciales y que «todos y cada uno han sido siempre desestimados por todos los tribunales».