En una nación teóricamente fundada sobre una revuelta contra la tiranía, la idea de enviar tropas estadounidenses a patrullar las calles ha evocado históricamente el espectro de la libertad en peligro. Esa tensión entre autoridad y libertad, presente desde los orígenes del país, reaparece cada vez que un presidente recurre al ejército para fines domésticos. No es nuevo que Donald Trump vea en el despliegue de la Guardia Nacional —una fuerza militar reservada para actuaciones internas— la solución definitiva al crimen y al desorden que él mismo exagera, y que además solo parece detectar en ciudades gobernadas por demócratas.

Oregón y su capital, Portland, han sido las últimas víctimas de la amenaza de despliegue militar que la Casa Blanca ha lanzado contra estados como Illinois y California, todos ellos de mayoría demócrata. El sábado, la magistrada Karin Immergut —nombrada por el propio Trump— emitió una orden temporal de 14 días para estudiar la demanda presentada por el Gobierno de Oregón, que busca impedir que al menos 200 soldados de la Guardia Nacional de ese estado sean enviados a Portland, donde las protestas por las redadas migratorias se han intensificado.

Trump no dio marcha atrás. Tratando de eludir la sentencia, ordenó el domingo al Pentágono reasignar tropas federalizadas de la Guardia Nacional de Los Ángeles a Portland. Sin embargo, una segunda resolución judicial publicada tras una vista extraordinaria reiteró lo dispuesto el sábado e impidió que el presidente se saliera con la suya.

El lunes, desde el Despacho Oval, Trump autorizó formalmente el despliegue de al menos 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois en Chicago durante 60 días, aunque la operación aún no se ha materializado. Paralelamente, y en coordinación con el gobernador de Texas, Greg Abbott, cientos de reservistas más fueron puestos bajo control federal para dirigirse desde Texas a Chicago. Las autoridades municipales y estatales, como ya hicieran Oregón y Portland, demandaron al Gobierno para detener el despliegue.

Durante esa misma comparecencia, y con la decisión judicial de Immergut aún reciente, Trump subió su apuesta. Presentándose como un mero transmisor de la voluntad popular, planteó aplicar la Ley de Insurrección de 1807, que autoriza al presidente a desplegar al ejército incluso en contra de la oposición de los estados. Dicha ley, raramente utilizada desde el siglo XIX, permitiría una militarización sin precedentes de las principales ciudades del país, convertida ahora en una consecuencia directa —y previsible— de las políticas antiinmigración promovidas desde la Casa Blanca.

Dique de contención

La decisión de Immergut ha puesto en evidencia el escaso respaldo jurídico con el que suelen contar las acciones de Trump. «Este país tiene una larga y fundamental tradición de resistencia a la extralimitación del Gobierno, especialmente en forma de intromisión militar en los asuntos civiles», escribió la magistrada en su auto.

Uno de los principales argumentos de la Administración Trump es que los despliegues son necesarios para proteger a los agentes del ICE —el cuerpo encargado de las deportaciones— mientras realizan sus operaciones masivas, así como para reducir la delincuencia callejera. Aun así, Immergut fue clara: «Los demandados han presentado una serie de argumentos que, de ser aceptados, podrían difuminar la línea divisoria entre el poder federal civil y el militar, en detrimento de esta nación».

En línea con esa postura, el asesor principal de la Casa Blanca, Stephen Miller, denunció que «en Portland, los agentes del ICE han sido objeto de más de 100 noches de agresiones terroristas, doxxing, amenazas de muerte, ataques violentos y cualquier otro medio imaginable para intentar revocar los resultados de las últimas elecciones mediante la violencia».

El despliegue de tropas ya se ha producido en ciudades como Washington y Los Ángeles bajo el pretexto de “reducir la delincuencia y mantener el orden”. Sin embargo, la imagen dramática e insostenible que Trump intenta proyectar contrasta con los datos oficiales, que muestran una tendencia a la baja en la criminalidad tanto en Portland como en otras ciudades amenazadas con intervenciones.

La retórica xenófoba de la Administración Trump no solo alimenta un rechazo transversal hacia lo extranjero, sino que también exacerba la división entre los núcleos urbanos y rurales dentro del propio país. El traslado de tropas desde estados republicanos como Texas a ciudades demócratas profundiza esa brecha y la hostilidad entre las zonas rurales conservadoras y las urbanas liberales, una dinámica cada vez más marcada en la política estadounidense.

Así, las imágenes de soldados vestidos de caqui patrullando las calles pueden resultar inquietantes en una democracia, pero cumplen el deseo de Trump de ser visto como un líder fuerte. El aura de dureza sin restricciones legales ha sido durante mucho tiempo una característica del culto a la personalidad que cultivó en los negocios. Ahora, simplemente, está operando en un escenario más amplio.