
A «un leve descenso» en los precios de alquiler en las zonas tensionadas de Nafarroa apuntan los datos tras la aplicación de esa declaración a 21 municipios del herrialde, según ha anunciado este miércoles la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno navarro, Begoña Alfaro.
Durante una intervención que ha realizado en el Foro Hiria, Alfaro ha recordado que la dificultad en el acceso a la vivienda es «una de las mayores preocupaciones de la sociedad», tras haber llegado a «una situación límite que exige respuesta públicas contundentes, que exige una regulación del mercado que ya estamos llevando a cabo y que exige también la utilización de toda las herramientas a nuestro alcance para encontrar soluciones a este problema».
En este sentido, ha explicado que «es necesaria la utilización de todas las herramientas, porque ninguna por sí sola es la panacea, ni va a solucionar el problema que tenemos que afrontar. Y los cambios deben ser estructurales, de fondo, estables y sostenidos en el tiempo».
Ha reconocido que «hay miles de familias que necesitan una solución inmediata y los cambios estructurales no se ven de un día para otro, pero es la única vía para solucionar a futuro los problemas que nos han llevado a la situación actual».
Sobre las medidas adoptadas, ha puesto el acento en que «hace seis meses, tomábamos el camino que hasta entonces solo había iniciado con ese calado Catalunya. Tomábamos el camino de la declaración de 21 municipios como Zona de Mercado Residencial Tensionado y que abarcan casi el 70% de la población», gracias a que «hubo una mayoría clara en el Parlamento que apostó por esa medida urgente».
Tras la aplicación de esa medida, Alfaro ha señalado que, «a día de hoy, sin concretar nada más, porque quiero ser rigurosa y ofrecer los datos cuando estén contrastados a principios de 2026, los primeros análisis apuntan a un leve descenso en los precios del alquiler en las zonas de mercado residencial tensionado».
La consejera ha destacado que «ese era uno de los objetivos de esa declaración y espero que a comienzos de 2026 podamos confirmar las tendencias actuales, con datos reales y no basados en encuestas interesadas de operadores privados».
La batalla de los datos
Al respecto, ha puesto el acento en que «no perdamos de vista que la batalla de los datos va a ser una constante en los próximos años». Como ejemplo, ha recordado que «recientemente se publicaban los últimos datos de la compra-venta facilitados por el Colegio de Registradores. Y como los datos decían que Navarra es la comunidad donde menos están creciendo los precios de compra-venta, que es la realidad comparando con la media del Estado, la derecha en pleno salió a discutir la veracidad de estos datos».
Ha añadido que «en esta situación nos encontramos, en el cuestionamiento de datos de registros públicos, en tratar igual los datos provenientes de registros públicos y las encuestas de operadores privados, que tienen intereses comerciales y económicos en juego».
Incluso ha asegurado que «vamos a reforzar, mejorar y potenciar la producción de esos datos, porque no se pueden hacer políticas públicas certeras y eficaces, salvo basándonos en datos públicos rigurosos».
Además de la declaración de zonas tensionadas, la consejera ha desgranado otras medidas que su departamento está aplicando y va a aplicar para facilitar el acceso a la vivienda.
Así, ha señalado que «en los primeros meses de 2026 esperamos poder presentar el Observatorio de la Vivienda de Navarra, que va a suponer un cambio fundamental para este trabajo en base a datos».
Otras herramientas pasan por el nuevo concepto de alquiler asequible «para conseguir llegar a ese sector de la población que está expulsado del mercado privado, pero que tampoco puede acceder a una vivienda en régimen de alquiler social».
Además, está la licitación de una empresa mixta «donde públicos y privados estemos en igualdad de condiciones para movilizar capital público y también privado en la promoción de vivienda asequible» y nuevas formas de adjudicación donde «se priorice a los jóvenes empadronados en nuestros municipios con una reserva específica, también para los mayores de 65 años».
Y la puesta en marcha de proyectos de vivienda colaborativa, que «están teniendo una gran aceptación», el registro de grandes tenedores, la movilización de vivienda vacías y los servicios de mediación y asesoramiento.
Todo ello con el objetivo de aplicar «cambios estructurales pensados en el corto, el medio y el largo plazo, estables y duraderos en el tiempo, que consigan no solo virar el rumbo, sino también apretar el acelerador».
Alfaro ha concluido reconociendo que «costará tiempo por la resistencia de quienes no quieren perder privilegios, pero es una necesidad imperiosa, ya que o regulamos el mercado de la vivienda o vamos directos al iceberg».

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