Antxon Alonso, el dueño de Servinabar, la compañía que la UCO relaciona con Santos Cerdán, ha sido detenido este miércoles. El arresto, no obstante, no deriva del proceso abierto por la presunta trama de mordidas, sino por una investigación paralela que lleva a cabo la Audiencia Nacional y por la que fueron detenidos también la exsocialista Leire Díez y el exdirector de la (Sociedad Estatal de Participaciones Industruales), Vicente Fernández Guerrero. 

La única conexión conocida entre Alonso y los otros dos arrestados es que Fernández estuvo contratado en Servinabar entre 2021 y 2023, firma de la que habría cobrado 219.000 euros, según los datos remitidos al juzgado por la Hacienda Foral. 

Fernández cesó como director de la SEPI en 2019 y antes había desempeñado cargos de responsabilidad en la Junta de Andalucía, motivo por el que se le consideró cercano a la ministra María Jesús Montero. 

La orden de arresto viene del juez Antonio Piña, que instruye una causa secreta, pero que distintos medios vinculan ya con concesiones de obra pública en distintos puntos del Estado, incluida Andalucía. 

Por otra parte, a lo largo de la mañana la UCO ha entrado en empresas y domicilios de Madrid, Zaragoza y Sevilla. En concreto, han entrado en Forestalia, empresa que en filtraciones previas se ha relacionado con el «caso Delorme», que es por el que se encarceló a Santos Cerdán de forma preventiva. 

Forestalia sí tiene una vinculación directa con Euskal Herria, dado que impulsaba un proyecto de generación de energía verde en Aragón para que fuera consumida en la CAV y que, para su transporte, implicaba cruzar Nafarroa con una línea de alta tensión. Este proyecto fracasó, pues no recibió el visto bueno del Ministerio y tampoco el del Ejecutivo navarro. 

Por otro lado, 'El País' cita a 'fuentes de la investigación' para vincular esta ramificación de la investigación con una empresa de tecnología vasca, Cistec. 

El caso mascarillas, a juicio

Mientras, el proceso con el que supuestamente todo comenzó, el cobro de comisiones por la compra de mascarillas liderado por el exministro José Luis Ábalos y el colaborador de la Guardia Civil Koldo García, sigue adelante como pieza aparte. 

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado este jueves la apertura de juicio oral para el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó Transportes durante la pandemia, al tiempo que ha acordado mantener en prisión a los dos primeros.

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para García y siete años para de Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

De cara al juicio, tanto la Fiscalía como las acusaciones populares pidieron al magistrado que acordara el ingreso en prisión provisional de Ábalos y Koldo ante el riesgo de fuga que apreciaban por las altas penas reclamadas. El instructor les dio la razón y envió a los dos a la cárcel de Soto del Real (Madrid) el pasado 27 de noviembre.

Este jueves, además, el magistrado ha acordado mantenerles en prisión provisional, al tiempo que les ha reclamado una fianza de 60.000 euros «a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran serles impuestas». Y les ha avisado de que si no presentan dicha cantidad en «cinco días hábiles», «les serán embargados bienes en cantidad suficiente para asegurar dicha suma».