Lakua gestionará los subsidios por desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Seguro Escolar desde el próximo 1 de enero de 2027, mientras que asumirá las labores de Salvamento Marítimo a partir del 1 de octubre de este año, según anunció ayer Maria Ubarretxena.

El Gobierno español y el Ejecutivo autonómico oficilalizaron ayer en Madrid el traspaso de cinco competencias: las prestaciones por desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, el Seguro Escolar, y Seguridad y Salud en el Trabajo (Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo).

Lo hicieron en una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de País Vasco, celebrada en la sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, presidida por el titular de la cartera, Ángel Víctor Torres, y la propia Ubarretxena. En el encuentro también participaron los consejeros de Economía, Hacienda y Seguridad, Mikel Torres, Noël d'Anjou y Bingen Zupiria, respectivamente.

Maria Ubarretxena celebró lo que calificó como «un día importante para Euskadi», que «gana autogobierno» con la asunción de estas nuevas competencias, y agradeció la tarea «titánica» realizada por el equipo negociador en los últimos meses, a pesar de las «dificultades y los desencuentros» con el Gobierno del Estado, al tiempo que reconoció el trabajo realizado por Ángel Víctor Torres y por el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España.

SIN ROMPER LA CAJA ÚNICA

Ubarretxena aseguró que el acuerdo no romperá la caja única. El traspaso de la protección por desempleo, que se hará efectivo el 1 de enero de 2027, permitirá a Lakua integrar en Lanbide tanto la protección económica por desempleo como las políticas activas de empleo, con una ventanilla única que «simplifica trámites, elimina duplicidades y mejora la atención a las personas desempleadas».

Con la incorporación de 468 plazas públicas, las 30 oficinas del Sepe se convertirán en oficinas de Lanbide y se transferirán las oficinas provinciales. El traspaso afectará a unas 51.000 personas y conlleva un volumen anual de recursos cercano a los 822 millones de euros.

La gestión de las prestaciones familiares no contributivas de la Seguridad Social, será efectiva desde el 1 de enero de 2027 y permitirá a la CAV asumir de forma integral la tramitación, reconocimiento, control y pago de estas ayudas.

Según Lakua, podrá atender «de manera más eficiente» a cerca de 20.000 beneficiarios, especialmente en prestaciones vinculadas a discapacidad, nacimiento o adopción. En este caso, se transfieren cuatro plazas públicas y se gestionarán alrededor de 100 millones anuales mediante la minoración del Cupo.

En todo caso, conviene detallar, como recordó ELA, que estas transferencias ahora firmadas «solo permiten gestionar las decisiones adoptadas en España», por lo que reivindica que el nuevo estatus incluya la competencia íntegra de la Seguridad Social. El sindicato defiende que «necesitamos capacidad legislativa, no ventanillas para gestionar las leyes decididas en Madrid».