Los sindicatos ELA y LAB se han mostrado este martes convencidos de que la consecución de un salario mínimo interprofesional (SMI) propio se conseguirá tras la huelga general anunciada para el próximo 17 de marzo.

«Nosotros no solo queremos negociar, queremos conseguir un acuerdo. La patronal no solo no quiere negociar, sino que no quiere un acuerdo. La huelga general sí o sí va a ser el instrumento que lleve a Confebask a negociar», han argumentado.

Ambas centrales sindicales interpusieron el pasado mes de noviembre una demanda en el Tribunal Superior de Justicia (TSJPV) tras la negativa de la patronal a constituir la mesa negociadora sobre el salario mínimo interprofesional.

Minutos antes del juicio fijado para este martes en la sala de lo social del TSJPV, representantes de ambos sindicatos han acusado a la patronal de incumplir con su «obligación».

Confebask rechaza un SMI propio por considerar, entre otras cuestiones, que pone en riesgo la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la CAV.

Desde ELA, se ha calificado a Confebask de «autoritaria» y se ha censurado la postura de las formaciones que conforman el Gobierno de Lakua por su rechazo parlamentario a la iniciativa legislativa popular para su implantación.

Según ha asegurado el responsable de Negociación Colectiva de ELA, Pello Igeregi, la negativa de Confebask a negociar justifica la convocatoria de huelga general prevista para el 17 de marzo.

«La actitud de la patronal es vergonzosa e ilegal», ha indicado, para añadir que tras la última reforma laboral Confebask estaría «obligada» a negociar.

Tras confiar en que la sala de lo social condene a la patronal y le obligue a negociar, ha reconocido que eso no significaría en ningún caso que se alcance un acuerdo sobre el SMI: «El instrumento principal para lograrlo debe ser la huelga general».

Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de LAB, Oihana Lopetegi, ha sostenido que patronal no cumple con sus responsabilidades y utiliza «el marco estatal para precarizar a los trabajadores».

«Se necesita un SMI propio y vamos a jugar la partida en los tribunales, pero lo que determinará realmente la posibilidad de lograr un SMI propio será la activación en las calles y la huelga general del 17 de marzo», ha finalizado.

Confebask: un SMI propio es «innegociable»

Confebask ha defendido en el juicio contra la patronal por su negativa a negociar un Salario Mínimo Interprofesional propio que es «innegociable» porque la CAV no lo puede establecer, dado que es un «instrumento normativo» y es un «fraude de ley» que se «encubra como negociación colectiva».

En el juicio, el letrado de Confebask ha incidido en que, a diferencia de otros sindicatos como CCOO y UGT que reclaman un salario mínimo de convenio, el planteamiento de ELA y LAB es negociar un Salario Mínimo Interprofesional «para todos los trabajadores con un claro contenido normativo y general».

«Se pide que Confebask se siente a negociar, no un SMI de convenio, sino un SMI de alcance general y contenido normativo que se aplique de manera automática a todos los trabajadores, aunque no tengan convenio», ha apuntado la defensa de la patronal.

Según ha indicado, Confebask ha remitido la negociación a un foro concreto al del diálogo social y «nunca se ha negado a negociar», solo se ha negado a hablar de ese «contenido que se plantea» por parte de ELA y LAB.

La defensa de Confebask ha recordado que estos sindicatos precisamente han impulsado una ILP para que la CAV pueda decidir el Salario Mínimo Interprofesional y cree que «esa es la solución». «Lo han intentado», ha manifestado el letrado, que lo considera una reivindicación de carácter político y sindical «respetable».

En el juicio, en el que, como parte, CCOO y UGT han reclamado una sentencia justa ajustada a derecho, ELA y LAB, tal y como argumentaban en su demanda, han defendido que, tras la prioridad reconocida por el Estatuto de los Trabajadores a los acuerdos de la CAV, ambas partes están obligadas «a negociar convenios y acuerdos aquí».

En concreto, en esa demanda se incidía en que el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores regula actualmente la prioridad aplicativa de los convenios y acuerdos interprofesionales autonómicos sobre los estatales –«siempre que establezcan condiciones más beneficiosas»–.