La Corte Penal Internacional (CPI) ha determinado este lunes que el expresidente filipino Rodrigo Duterte está en condiciones de participar en el procedimiento en su contra por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos bajos el pretexto de una «guerra contra las drogas». Ha fijado para el 23 de febrero el inicio de la audiencia para la confirmación de los cargos.

En una decisión de 25 páginas, la Sala de Cuestiones Preliminares ha rechazado la solicitud de la defensa de suspender indefinidamente el proceso por presunta incapacidad cognitiva de Duterte, y ha concluido que el exdirigente «puede ejercer de forma efectiva sus derechos procesales», por lo que ha ordenado reanudar el procedimiento. 

La Fiscalía imputó el pasado mes de septiembre tres cargos de crímenes contra la humanidad a Duterte por la muerte de más de 70 personas en el marco de las operaciones contra las drogas durante su mandato como presidente (2016-2022) y como alcalde de Dávao (2013-2016).

«Duterte y sus cómplices compartían un plan o acuerdo común para ‘neutralizar’ a presuntos delincuentes en Filipinas (incluidos aquellos percibidos o presuntamente asociados con el consumo, la venta o la producción de drogas) mediante delitos violentos, incluido el asesinato», reza un escrito de la acusación.

Críticas desde Manila

El exmandatario de 80 años, que se encuentra detenido en La Haya desde el pasado marzo, cuenta con el apoyo del Gobierno de Manila. La vicepresidenta del país e hija de Duterte, Sara Duterte, acusó el año pasado a la CPI de «sustraer de forma forzosa» al expresidente en vez de facilitar que fuera juzgado en el país.

La defensa de Duterte alegó que el expresidente filipino carece de acceso a un abogado y no es más que el objeto de una serie de medidas puestas en marcha por la actual Administración para «neutralizar su legado».

Filipinas se incorporó a la CPI en noviembre de 2011, pero en 2018 presentó una notificación de retirada que se hizo efectiva el 17 de marzo de 2019. No obstante, la corte ha mantenido la competencia respecto de los presuntos crímenes que se habían cometido en Filipinas mientras era Estado Parte, entre noviembre de 2011 y marzo de 2019.

Las autoridades del país reconocen alrededor de 6.000 muertos como consecuencia de supuestas operaciones contra la droga, una cifra que podría ascender a los 30.000, tal y como alertan organizaciones humanitarias.