La jeltzale Amaia Agirre, alcaldesa de Getxo, ha dejado claro que no va a dimitir «porque lo diga la oposición», añadiendo que va «a seguir trabajando como siempre, sin entrar en provocaciones, sin entrar en debates yermos y sin entrar en el juego de aquellos que confunden oposición con destrucción». Ha sido la manifestación clara de la regidora ante la sucesión de mociones de censura que este jueves trata el Pleno municipal, en las que se pide que se haga a un lado por la gestión que está realizando en el caso del derribo del palacete Irurak Bat.

«Su estrategia no es la mejora del municipio, su estrategia es el desgaste, su objetivo es frenar una acción de gobierno que sigue avanzando a pesar de todo. Nosotros no estamos en eso, nosotras estamos a gobernar», ha subrayado Agirre refiriéndose a la primera de las mociones que piden su dimisión, la del PP. Considera que se trata de «una escenificación bien calculada contra el PNV y su figura «sin condena, sin juicio y sin hechos probados»

Una gran expectación mediática está rodeando el pleno ordinario que este jueves se desarrolla en el Ayuntamiento de Getxo, donde ya se ha debatido una iniciativa del PP demandando la dimisión de la alcaldesa, que ha sido rechazada con los votos de PNV, EH Bildu y PSE mientras solo ha sido respaldada por el grupo proponente y el edil de Elkarrekin Podemos.

Mucha tensión alrededor de la sesión plenaria, en la que destaca la presencia de militantes jeltzales referenciales de la localidad. En los primeros puntos se ha dado cuenta de la renuncia de los ediles del PNV Inazio Uriarte, Irantzu Uriarte e Iñigo Urkitza, investigados junto a tres técnicas municipales y cuatro personas vinculadas a la promoción de viviendas de lujo en el corazón de Algorta que destruyó un edificio singular de 1845 en agosto de 2024. Además, se ha informado de la reorganización del Gobierno municipal tras el cese de estos corporativos.

En la presentación de la moción, el portavoz del PP, Eduardo Andrade, ha cargado contra la gestión de la alcaldesa y su equipo, instándole a que se haga a un lado. Lo ha hecho, admitiendo que han sido el principal apoyo del PNV, a quien ha ayudado a aprobar sucesivos presupuestos y el controvertido Plan General de Ordenación Urbana.

El representante de la derecha española ha asegurado que el registro de las dependencias municipales por parte de la Ertzaintza y el posterior auto judicial que señalado la supuesta responsabilidad de tres ediles del PNV ha sido «la gota que ha colmado el vaso de una situación de descontrol general».«No podemos esperar otro año y medio a un camino de timonel», ha defendido.

Andrade ha atribuido a la alcaldesa un papel importante en las irregularidades detectadas, y la ha acusado de practicar «la política del avestruz» colaborando para que el caso no es esclarezca en el seno del propio Consistorio y haya tenido que ser el juzgado el que tome cartas en el asunto.

Para Xabier Benito, edil de Elkarrekin Podemos, ha denunciado que «desde el primer momento Gobierno y alcaldesa han intentado tapar lo sucedido y obstaculizar el control» por parte de los grupos políticos.

Desde la bancada de EH Bildu, precisamente, su portavoz, Mikel Bildosola, ha criticado el papel de «muleta política» que ha ejercido el PP, a quien le ha dejado claro que no apoya su moción ni su estrategia. «El problema de esta moción no es lo que pide, sino quién lo pide», ha aclarado, alertando de que «busca reescribir» el papel del PP en este mandato.

El soberanista de izquierda ha enumerado las repetidas ocasiones en que el grupo que lidera Andrade ha auxiliado al Gobierno municipal PNV-PSE para que el Ayuntamiento no ejerciera la acusación en este caso, que ellos impulsaron informando a la Fiscalía, o cuando solicitaron una auditoria en el Área de Urbanismo, señalado en la investigación judicial en curso. «No tienen legimitidad alguna», ha enfatizado.

Bildosola ha añadido que sin el respaldo del PP parte de las «chapuzas» que se vienen sucediendo en el Ayuntamiento no habrían tenido lugar. «Mucho ruido y pocas nueces», ha dicho el representante de EH Bildu de la iniciativa de la derecha española que tanto eco está teniendo en algunos medios.

La jeltzale Janire Ocio ha sostenido que esa moción solo busca «desgastar y embarrar», criticando que se utilice la sospecha como arrma. Es más, ha comentado que la responsabilidad política no está solo en el Gobierno municipal sino en la oposición. «Ejercer el control democrático exige rigor, proporcionalidad y sentido institucional», ha defendido.

La portavoz del PNV ha señalado que desde que se destaparon las irregularidades» el Gobierno municipal «actuó», se paralizaron las obras en el solar de San Nicolás nº 11, se incoaron expedientes sancionadores y se colaboró con la justicia «desde el primer momento».

Ocio ha lamentado que «solo hay una consigna: que dimita la alcaldesa», sin proponer una alternativa.

Desde el PSE, su portavoz, Carmen Díaz, ha dejado claro que no van «a promover la desestabilización institucional», incidiendo en que «el pleno no puede convertirse en un tribunal paralelo». Ha advertido que la dimisión «aportaría parálisis, vacío institucional, justo cuando más rigor hace falta».

Además, ha valorado que ya se hayan producido «dimisiones relevantes» como muestra de que «se han tomado decisiones políticas imprescindibles» y ha insistido en que corresponde «a la policía investigar y a la justicia juzgar, hasta el final, caiga quien caiga, depurando todas las responsabilidades».

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