La primera resolución de este año de la OANA es la apertura formal de una investigación contra Alejandro Toquero por «presuntas irregularidades» en las subvenciones abonadas por el Ayuntamiento de Tutera al club de fútbol Tudelano en 2022 y 2023. 

El procedimiento arrancó el pasado 29 de marzo a partir de una denuncia planteada ante la OANA por la oposición, Contigo Tudela. Esta hacía referencia a que el club de fútbol de la localidad no estaba al corriente de pagos, por lo que no podía recibir la subvención. 

Esta es una problemática que lleva tiempo. El club contrajo una gran deuda con la Junta de Aguas hace décadas, por lo que acordó con el Ayuntamiento un fraccionamiento de pagos en 2014. Sin embargo, cuando llegó el momento de conceder las subvenciones citadas el club no estaba al corriente de la última cuota. 

Este hecho, que a simple vista no parece tan relevante, en realidad sí que lo es. En particular, porque Intervención emitió reparos contra estas concesiones y el alcalde, por tanto, era consciente de que podía incurrir en irregularidades. Concretamente, en una eventual prevaricación.

Según el informe de Intervención número 6 de 2023 al que ha tenido acceso NAIZ, la concesión de ayudas se realizó sin estar al corriente de pagos tanto en 2022 como en 2023. En ese documento se hace referencia expresa a que este asunto se llegó a tratar incluso en el pleno del 21 de julio de 2022 y otro que tuvo lugar el 27 de marzo de 2023.

«El interventor municipal fiscaliza los expedientes y dejó claro que había deudas y que la subvención no se podía dar. De ahí que formulara un reparo suspensivo», relata Eneko Larrarte, cabeza de lista de Contigo Zurekin y exalcalde de la ciudad. «Ante un reparo suspensivo, un alcalde tiene dos opciones: acatar o adoptar una resolución para continuar adelante, que es lo que realizó Toquero». 

Fraccionamiento de pagos

A este procedimiento abierto se une otro referente a un presunto fraccionamiento de pagos para contratar a un despacho de abogados presuntamente afín al partido de Toquero, UPN. La contratación se enmarca en la oposición que lidera Tutera al proyecto de una planta de fangos que promueve la empresa pública Nilsa.

El Ayuntamiento, que tiene servicios jurídicos propios, prefirió no utilizarlos y realizó tres contratos con un despacho no especializado en esta materia por un montante total de 29.040 euros. Al dividirlo en tres procedimientos diferentes, este contrato pudo adjudicarse a dedo. 

Contigo Tudela, que es también denunciante, señala además que el bufete en cuestión, Gallego Echarri San Miguel y Galar S.L.P. (Gesabogados), se caracteriza por su cercanía a UPN. 

La OANA también en este caso vio indicios de veracidad en lo relatado y abrió otra investigación formal. 

«Ahora, para justificar que no se trató de un fraccionamiento de contratos, Toquero ha vuelto a contratar los servicios de otro bufete externo y ha elegido el de Javier Caballero [exconsejero de Interior entre 2003 y 2011, por UPN]. Así que todo fantástico», asegura Larrarte.