Revertir los privilegios de los que goza el profesorado de religión es el objetivo de una proposición de ley que han registrado PSN y Contigo-Zurekin en el Parlamento de Nafarroa. El coste de ese trato de favor supone cerca de dos millones de euros anuales a las arcas públicas.

El profesorado de religión es una auténtica rara avis dentro del colectivo docente, ya que sus integrantes son seleccionados directamente por el Arzobispo de Iruñea, por lo que no realizan ninguna oposición para conseguir la plaza, a diferencia del resto. Por lo tanto, su selección no incorpora los principios de igualdad, mérito y capacidad del resto del personal educativo.

Si ya existía esa anomalía de salida, en 2022 se reforzaron los privilegios de este colectivo a través de una ley aprobada por Navarra Suma y Geroa Bai mediante una enmienda in voce y obviando un informe del Consejo de Nafarroa que señalaba que no se ajustaba a la legalidad.

Esas dos formaciones se escudaron en la existencia de dos votos particulares en el citado organismo para sacar adelante esa ley. El Consejo de Nafarroa es un órgano meramente consultivo, pero es una de las herramientas con las que cuenta el Parlamento de Nafarroa para dirimir dudas legales sobre las normas que aprueba y en este caso, dejó bien claro que era «no ajustada a la ley».

Mantener el puesto pese a bajar la carga

La norma aprobada entonces estableció que se garantizaba que «los docentes de religión que tienen contrato laboral temporal mantengan su puesto de trabajo y la jornada correspondiente, incluso cuando  se reduce la carga lectiva de la asignatura por los cambios educativos en cumplimiento de la LOMLOE».

En la práctica y como ha denunciado recientemente la portavoz del PSOE en la Cámara, Ainhoa Unzu, supone que «aunque haya menos horas de religión por curso, la Administración no puede reducirles la jornada ni despedirles por razones de carga lectiva, algo que no sucede con el resto de docentes del sistema educativo público».

Teniendo en cuenta estas circunstancias, el PSN ha impulsado una proposición de ley que busca «acabar con privilegios que no se sostienen en criterios de justicia ni de equidad».

En esa iniciativa también figura Contigo-Zurekin, cuyo portavoz en el Parlamento, Carlos Guzmán, ha recordado que la norma de 2022 «blindó los puestos y condiciones del profesorado de religión, pese a la reducción progresiva de su carga lectiva».

Y ha considerado «no aceptable que personal contratado de manera discrecional para impartir religión esté desarrollando tareas docentes y no docentes ajenas a esa materia, cuando esas funciones deberían corresponder a profesorado que ha accedido mediante procesos basados en la igualdad, el mérito y la capacidad».

Además, ha recordado que esos privilegios suponen «un coste cercano a los dos millones de euros anuales para las arcas públicas y ha generado un evidente agravio comparativo con el resto del profesorado». Por ese motivo, ha recalcado que la proposición de ley «no va dirigida contra ningún colectivo, sino que pretende corregir una desigualdad evidente».