La comisión de investigación sobre licitación de obras públicas del Gobierno de Nafarroa que se celebra en el Parlamento navarro ha acordado este martes, con el voto a favor de todos los grupos excepto Vox, enviar a la Fiscalía la incomparecencia del presidente del Grupo Acciona, José Manuel Entrecanales.

El presidente de esta compañía ha sido citado en dos ocasiones por la citada comisión, la primera el 20 de enero y al no acudir volvió a ser solicitada su comparecencia este lunes. En ambos casos acudió en su lugar una representación de Acciona, lo que la sociedad ha justificado señalando que la citación se dirige a la sociedad y no al presidente a título individual, argumento que no es compartido por la Cámara.

La decisión ha sido adoptada en una reunión interna de la comisión y trasladada a los medios de comunicación por su presidenta, Irati Jiménez, quien ha explicado que se ha adoptado en base a un informe jurídico de la Cámara que recoge que «la citación es a la persona física y que la comisión de investigación tiene la potestad de llamar a cualquier persona».

Respecto a cómo se va a trasladar esta cuestión a la Fiscalía, la presidenta ha apuntado que según lo vayan acordando los servicios jurídicos se remitirá y la Fiscalía decidirá.

Cuestionada sobre un precedente de una anterior comisión de investigación que se archivó ha apuntado que este caso «difiere un poco».

Acciona Construcción es una de las empresas que fue adjudicataria del desdoblamiento de los túneles de Belate en una UTE junto con Construcciones Osés y Servinabar, esta última vinculada al exdirigente del PSOE Santos Cerdán.

Chivite, a la defensiva con medias verdades

Mientras tanto, la comisión de investigación ha continuado con sus labores con la comparecencia del consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Nafarroa, Óscar Chivite, quien ha defendido este martes su gestión en las obras de duplicación de Belate, sobre la que ha dicho que «es legal» y ha responsabilizado al que era director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, del modificado de 8,5 millones de euros que recibió el reparo suspensivo del interventor general.

Chivite ha comparecido en la Comisión de Investigación del Parlamento sobre licitación de obras públicas, donde ha señalado que «las obras no forman parte de ninguna investigación judicial», hasta donde él «sabe».

Esto no es del todo cierto, en tanto en cuanto la UCO solicitó en su último informe permiso al juez instructor del Supremo, Leopoldo Puente, para extender sus investigaciones a esta obra en concreto.

Sin embargo, al caso se encuentra en un impasse debido a que, al perder el investigado José Luis Ábalos la condición de diputado, la jurisdicción ha cambiado y el expediente ha pasado a la Audiencia Nacional, por lo que el juez Puente ya no es el encargado de las investigaciones.

Sobre el modificado de los 8,5 millones que le costó el puesto al exdirector de Obras Públicas, el consejero Chivite ha explicado que «no se tramitó correctamente» y que, «aunque el origen son causas ciertas», las justificaciones «no fueron correctas». Preguntado por su responsabilidad, Chivite ha dicho que los consejeros participan en «adjudicaciones ni en criterios técnicos».

La presidenta María Chivite cesó al director de Obras Públicas «tras una reunión con los socios», ya que «él había sido el responsable de la gestión del reparo suspensivo. Se tenía que hacer responsable de ese expediente. Lo acaté, se lo trasmití. Aprovecho para trasladar su agradecimiento y ejemplaridad».