La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno navarro, Rebeca Esnaola, ha anunciado este viernes la intención del Ejecutivo foral de convertir Parquenasa, propietaria del parque Sendaviva, ubicado en Arguedas, en sociedad pública.

Lo ha hecho en una comparecencia a petición propia en la comisión de Cultura del Parlamento navarro. Actualmente, el Gobierno navarro participa de modo minoritario, con un 45 % de las acciones, a través de Nicdo (Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio), que ejerce como administrador único.

La infraestructura es propiedad de una sociedad mercantil privada, compuesta por tres socios más, que cuentan con el 55 % de las acciones: el Grupo La Información, editor de ‘Diario de Navarra’, con el 25,71 %; Hiscan Patrimonio con el 17,86 % y Pronaocio, representada con el 17,86 %.

«Consideramos que estamos en el mejor momento para empezar a dar los pasos necesarios para que Sendaviva se convierta en sociedad pública», ha afirmado Esnaola en el Parlamento.

Denuncias de fragmentación de contratos

Este anuncio se produce después de que se esté investigando la fragmentación de contratos por parte de la OANA.

Esnaola se ha referido a esta cuestión y ha explicado también los informes encargados por Parquenasa en relación con los contratos realizados en 2023 gracias a una subvención del Gobierno navarro.

Entre 2023 y 2024 se desarrollaron en Sendaviva contratos sobre obras de acondicionamiento de los viales de servicio, sobre la construcción del nuevo edificio de acceso al parque, sobre las obras de adecuación de la urbanización del acceso de entrada a la instalación, sobre la ejecución de las obras de urbanización de plaza y cimentación de la caída libre y sobre la edificación de la granja y la zona de actividad lúdica.

El informe que Parquenasa encargó a PKF asegura que no aprecia fraccionamiento de los contratos.

«Se trata de unidades funcionales independientes. La realización o no de alguna de ellas no influía en la realización, o no, del resto. Y ninguna era imprescindible y necesaria para la realización de otra», ha aseverado.

PKF elaboró un segundo informe en el que se analizaban las desviaciones presupuestarias de los cinco contratos, que fueron de 111 euros en el acondicionamiento de los viales de servicio, de 19.213 euros en el nuevo edificio de acceso al parque y de 18.508 euros en la urbanización del acceso de entrada.

Además, en la urbanización de la plaza y la cimentación de la caída libre la desviación fue de 18.726,75 euros, mientras que en la granja y la zona de actividad lúdica la cifra fue de 19.706 euros.

PKF validó todas las desviaciones como «indispensables», salvo la relativa a la granja, en la que determina que hay modificaciones a petición de la propiedad valoradas en 3.258 euros.

Por otro lado, Esnaola ha mencionado que en octubre de 2025 el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (Indaf) recibió un correo electrónico de la intervención general en la que se informaba de que estaba revisando las subvenciones a Parquenasa de 2023 y 2024.

También comunicaba que se había detectado que la intervención tenía pendiente informar del cierre de la subvención de 2023.

Intervención General

«La Intervención (General) indica que la subvención de 2023 se liquidó con una resolución del Indaf del 31 de diciembre de 2024 y que esa resolución no fue fiscalizada, por lo que se debe hacer un informe de omisión de fiscalización», ha explicado Esnaola.

Intervención General solicitó un informe al Indaf, que lo remitió indicando que, teniendo en cuenta la información aportada por Parquenasa, «no se aprecian indicios claros de un fraccionamiento del contrato con una intención fraudulenta de evitar los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación», según ha dicho Esnaola.

En diciembre de 2025, la Intervención General emitió su informe de omisión de fiscalización en el que expresa que la unidad gestora ha subsanado las deficiencias indicadas, pero que con el análisis de la documentación considera que la actuación «constituye un indicio de riesgo de fraccionamiento indebido». Por esas irregularidades, dictamina un incumplimiento parcial de la subvención.

En ese sentido, insta al Indaf a iniciar el expediente de reintegro cuantificando el impacto económico del incumplimiento detectado.

Pese a los análisis de PKF y el informe del Indaf que señalan que no hay fraccionamiento, «como intervención general sí aprecia indicios, nos insta a atender su requerimiento de iniciar un expediente de reintegro», ha declarado Esnaola.

Ha subrayado que el reintegro es «parcial ya que también reconoce que la ejecución material de las actuaciones se ha realizado correctamente».

«Ante la evidente y clara disparidad en la interpretación de criterios jurídicos de la ley foral de contratos, iniciaremos el expediente de reintegro. Sabiendo, además, que cuando Parquenasa reciba la solicitud podrá presentar alegaciones, y en última instancia será la justicia la que resuelva», ha destacado la consejera.

Ha detallado que el expediente aún no se ha iniciado porque se está fijando la cantidad exacta que se debe reintegrar.