El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado este viernes inconstitucionales partes de dos normas forales navarras por vulnerar competencias del Estado en los ámbitos de la seguridad social y de la contratación pública.

En una primera sentencia, el TC ha estimado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno español contra un apartado de una ley foral de 2022 sobre contratos públicos de Nafarroa «por considerar que la regulación que dicho precepto establece de las entidades que pueden beneficiarse de las reservas de contratación pública vulnera las competencias del Estado en materia de legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas».

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Carlos Campo, subraya que las reservas de contratación «son una figura legal que determina que solo puedan participar en la licitación de un contrato público determinados operadores económicos y constituyen, por tanto, un supuesto excepcional de no aplicación del principio de igualdad de los licitadores y de libre concurrencia», ha informado el TC en un comunicado.

«Por ello, la regulación que de estas reservas realiza la ley estatal de contratos del sector público no solo tiene carácter básico sino que constituye, además, la plasmación de un principio esencial de la legislación sobre contratos públicos, vinculante para la comunidad foral de Nafarroa» de acuerdo con lo dispuesto en su estatuto de autonomía.

Así, la sentencia «estima el recurso y declara la inconstitucionalidad de los concretos incisos del precepto impugnado que extienden la posibilidad de reservar la adjudicación de contratos públicos a entidades no previstas en la norma estatal».

«La sentencia salva, sin embargo, por razones de seguridad jurídica, la vigencia de aquellos contratos que ya hayan sido adjudicados al amparo de los referidos incisos», ha agregado el TC.

Protección civil y atención de emergencias

En una segunda sentencia, el pleno del TC estima parcialmente por unanimidad otro recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno español contra el artículo único de una ley foral de 2024 sobre protección civil y atención de emergencias de Nafarroa, «por considerar que al atribuir la categoría profesional de bombero a determinados puestos de trabajo ha vulnerado la competencia del Estado en materia de legislación básica de la Seguridad Social».

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez, señala que «tal y como explicita el preámbulo de la norma impugnada, la misma se habría adoptado con la finalidad de aplicar a los bomberos forestales el coeficiente reductor de la edad de jubilación» regulado en un real decreto de 2008 en favor de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos.

Para el tribunal, es el Estado el competente para incluir a los bomberos forestales dentro del coeficiente reductor de la edad de jubilación.

La sentencia «estima parcialmente el recurso y declara la inconstitucionalidad del inciso que reconoce la categoría profesional a determinados puestos de trabajo en cuanto del mismo se deriven efectos en materia de seguridad social, estableciendo que debe quedar desprovisto de alcance jurídico interpretativo el preámbulo de la referida ley foral», según ha indicado el TC en otro comunicado.

Los magistrados consideran, sin embargo, «que no procede la declaración de nulidad del inciso, pues, la clasificación profesional cumple en nuestro ordenamiento una pluralidad de finalidades, al ser el mecanismo que conecta al trabajador con el conjunto normativo regulador de su nexo contractual».

Geroa Bai: «Un nuevo ataque al autogobierno» 

Geroa Bai ha considerado que las dos sentencias son «un nuevo ataque al autogobierno de Navarra», y ha reclamado abordar en las reformas de la Lorafna nuevas garantías que eviten «la erosión de las competencias forales».

La coalición ha recordado en un comunicado que la ley que afecta a los bomberos forestales «perseguía reconocer su realidad profesional», así como «equiparar derechos y poder reducir la edad de acceso a la jubilación en función del trabajo efectivamente desempeñado».

Sobre la ley de contratos públicos, ha subrayado que pretendía «ampliar las posibilidades de reserva de contratos como herramienta de política pública, con el fin de apoyar a entidades que trabajan con personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social y de promover una contratación más ética, responsable y alineada con el interés general».